860 millones de dólares de Alemania y 135 mil firmas en contra: la disputa por la planta en Topolobampo

Más de 135 mil personas firmaron para detenerlo. La ONU envió cartas de alerta a tres gobiernos. Una delegación indígena viajó a Berlín a exigir que el dinero alemán no financie lo que describen como la destrucción de su territorio. Y este jueves 4 de junio, las comunidades de Topolobampo, Sinaloa convocan a manifestarse frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México: así luce la resistencia al proyecto de planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que desde el 26 de mayo comenzó a instalar infraestructura en la zona sin que las controversias legales y sociales hayan sido resueltas.

¿Qué ocurre en Topolobampo?

El pasado 26 de mayo comenzó el arribo al puerto de infraestructura destinada a la planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Habitantes de Topolobampo y la Bahía de Ohuira denunciaron también cortes de energía eléctrica y la presunta falta de información sobre las maniobras realizadas en la zona.

Integrantes de comunidades indígenas de la zona norte de Sinaloa se manifestaron el sábado 30 de mayo en el acceso al puerto para reiterar su rechazo al proyecto, que se desarrolla en el entorno de la Bahía de Ohuira, área vinculada al sistema lagunar reconocido como sitio Ramsar.

El proyecto: ¿Quién lo financia y para qué?

El proyecto es posible en gran medida gracias al banco alemán KfW IPEX-Bank, que coordina un consorcio bancario para préstamos por un total de 860 millones de dólares y actúa como financiador principal de GPO, filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, con sede también en Düsseldorf.

La planta, que se perfila como la más grande de amoniaco en América Latina, produciría 2 mil 200 toneladas diarias del compuesto químico utilizado por la industria agrícola, farmacéutica y energética.

¿Cuáles son las propuestas para frenarlo?

La oposición al proyecto no se limita a marchas locales. Las comunidades y organizaciones han desplegado una estrategia en múltiples frentes:

• Change.org: Hasta el 1 de junio de 2026, la petición “Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo” acumulaba 135 mil 319 firmas.
• Queja ante KfW: En marzo de 2026, una delegación del colectivo “¡Aquí No!” viajó a Berlín con el objetivo de impedir la finalización del proyecto, argumentando que con dinero alemán no debe financiarse la destrucción ambiental en la Bahía de Ohuira.
• ONU: Nueve relatorías especiales de las Naciones Unidas enviaron cartas al gobierno mexicano, a GPO, a KfW IPEX-Bank y a los gobiernos de Alemania y Suiza, expresando preocupación por las graves afectaciones que tendría el proyecto sobre el medio ambiente, los medios de subsistencia de la población, su salud y el cambio climático.
• Denuncia ante Profepa: La denuncia ciudadana apunta a que el proyecto contraviene disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

La marcha del jueves en la Embajada de Alemania

La comunidad de Topolobampo, integrada por indígenas Mayo-Yoreme y defensores ambientales, convoca a una manifestación este jueves 4 de junio a las 20:00 horas frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México, en el marco de la visita a México del ministro de Relaciones Exteriores alemán.

Las demandas centrales de la movilización son tres: la suspensión inmediata de permisos y construcción; sanciones por actividades presuntamente ilegales ya realizadas en la zona; y el retiro del financiamiento del banco KfW por no cumplir con principios de consulta previa e informada. Se invita a los asistentes a llevar una foto, dibujo o símbolo que represente algún elemento del ecosistema de la Bahía de Ohuira.

Qué dicen las partes

El colectivo “¡Aquí No!” sostiene que GPO reconoce en su propia Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) que la planta succionará más de 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora y que al retornarla aumentaría la temperatura en tres grados, con consecuencias para la vida marina; además de proyectar la destrucción del 60% de la producción de camarón en la bahía.

Por su parte, GPO afirma en su sitio web que el proyecto no afecta los servicios ecosistémicos del sitio y que implementa programas de conservación para manglares, delfines, tortugas, aves y flora acuática. La empresa señala que el área donde se construye ya estaba desarrollada sin vegetación ni fauna, según verificación de la Semarnat.

Hasta mayo de 2026, la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue validada por un juzgado federal en 2023; sin embargo, persisten controversias legales y sociales, y no existe una resolución judicial firme que haya detenido el proyecto.