La Semarnat afirma mantener diálogo con comunidades por la planta de amoniaco en Bahía de Ohuira

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reafirmó su compromiso con la protección de la Bahía de Ohuira y el diálogo con las comunidades indígenas de la región, mientras la planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) alcanza el 88% de su construcción y la oposición local e internacional escala semana a semana.

El 28 de mayo de 2026, representantes de Semarnat sostuvieron una reunión con comunidades de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo para atender inquietudes sobre el proyecto. La secretaria Alicia Bárcena Ibarra da seguimiento personal al tema y fortalece los mecanismos de diálogo y atención comunitaria.

Supervisión federal en curso

Junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnat mantiene acciones continuas de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental. Entre mayo y junio de 2025, Profepa realizó visitas adicionales para verificar el cumplimiento de las autorizaciones y el estado de las obras.

Desde 2015, la procuraduría ha recibido diversas denuncias sobre el proyecto y ha abierto procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). En caso de detectar irregularidades, la autoridad ha impuesto medidas y sanciones correspondientes.

Una obra que avanza pese a la controversia

La planta, desarrollada por GPO —filial de la corporación suizo-alemana Proman AG—, está ubicada en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, y se perfila como la más grande de amoniaco en América Latina. Produciría 2.200 toneladas diarias del compuesto, con un inicio de operaciones previsto para 2027.

El 26 de mayo de 2026 comenzó el arribo al puerto de infraestructura de gran dimensión, incluidos reactores que superan las 400 toneladas, lo que encendió nuevas protestas y bloqueos intermitentes de vialidades por parte de residentes afectados. Las maniobras también provocaron cortes de energía eléctrica y agua potable en la zona portuaria.

La inversión total del proyecto asciende a aproximadamente USD 1.800 millones. El financiamiento principal proviene del banco alemán KfW IPEX-Bank, que coordina un consorcio bancario con préstamos por USD 860 millones.

El largo camino legal: de 2014 a la consulta indígena

El proyecto fue autorizado originalmente en materia de impacto ambiental en 2014, con una ampliación de plazo en 2018. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que debía realizarse una consulta indígena a las comunidades involucradas.

En respuesta, Semarnat dejó sin efectos las autorizaciones previas y, entre mayo y septiembre de 2022, llevó a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con el pueblo Mayo-Yoreme: 13 asambleas generales comunitarias con la participación de más de 2.400 integrantes de 15 comunidades identificadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El proceso incluyó materiales en español y lengua mayo, además de intérpretes traductores. El 19 de septiembre de 2022 se emitió una nueva autorización ambiental, condicionada al cumplimiento de diversas medidas.

Una comunidad dividida

La consulta concluyó con 11 comunidades manifestando consentimiento al proyecto, entre ellas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y una representación tradicional de Juan José Ríos.

Las principales expresiones de oposición provinieron de tres comunidades Mayo-Yoreme asentadas directamente en la Bahía de Ohuira: Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. En noviembre de 2022 y febrero de 2023, juzgados federales determinaron que la autoridad ambiental cumplió con la sentencia de la SCJN. En agosto de 2024 y abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito declaró infundados los recursos promovidos contra el proceso de consulta.

La oposición lleva el caso a Berlín y a la ONU

El colectivo “¡Aquí No!” ha desplegado una estrategia en múltiples frentes. Al 1 de junio de 2026, la petición “Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo” acumulaba 135.319 firmas en Change.org.

En marzo de 2026, una delegación del colectivo viajó a Berlín para presentar una queja formal ante KfW IPEX-Bank, argumentando que con dinero alemán no debe financiarse la destrucción ambiental en la bahía. El 4 de junio de 2026, comunidades y organizaciones convocaron a una manifestación frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México, durante la visita del canciller alemán al país.

Nueve relatorías especiales de las Naciones Unidas enviaron cartas al gobierno mexicano, a GPO, a KfW y a los gobiernos de Alemania y Suiza, expresando preocupación por las afectaciones al medio ambiente, los medios de subsistencia, la salud de la población y el cambio climático.

Los riesgos de una planta de amoniaco junto al mar

La propia Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) de GPO reconoce que la planta succionará más de 2.000 metros cúbicos de agua de mar por hora y que al retornarla aumentaría la temperatura del agua en tres grados, con consecuencias para la vida marina. El colectivo opositor advierte que esto podría destruir el 60% de la producción de camarón en la bahía.

El amoniaco es un compuesto altamente peligroso: en concentraciones elevadas daña los pulmones, la piel y los ojos, y su liberación al aire contribuye a la formación de partículas finas PM2.5, vinculadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muerte prematura. En cuerpos de agua costeros, su presencia puede desencadenar eutrofización: proliferación de algas que agota el oxígeno y genera zonas muertas sin vida marina.

A escala global, la producción de amoniaco a partir de gas natural emite aproximadamente tres toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada producida, según datos del sector. Accidentes en plantas similares en Estados Unidos han provocado evacuaciones masivas, explosiones y fugas tóxicas que obligaron al cierre de escuelas cercanas.

GPO defiende el proyecto

GPO afirma en su sitio web que el proyecto no afecta los servicios ecosistémicos del sitio y que aplica programas de conservación para manglares, delfines, tortugas, aves y flora acuática. La empresa señala que el área donde se construye ya estaba desarrollada sin vegetación ni fauna, según verificación de Semarnat.

Continúan en revisión procedimientos relacionados con la Zofemat, área bajo responsabilidad estatal, con recursos promovidos tanto por comunidades como por la empresa promotora.