Una familiar lo vio todo. Vio cómo el taxi arrancaba. Vio cómo la niña de 15 años desaparecía dentro del vehículo. Intentó detenerlo. No pudo.
Diez angustiosos meses se vivieron desde el secuestro de la joven, la travesía hasta su localización mantuvo a la familia en vilo mientras las autoridades hacían todo para encontrar a la menor.
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Desde aquella tarde del 18 de julio de 2025 en la colonia Ampliación Penitenciaría, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México pasaron tormentosos meses de búsqueda, con dos domicilios clandestinos y un cateo que finalmente puso fin a la historia de terror para la familia y terminó en el rescate de la adolescente y la detención del presunto perpetrador.
La sustracción: una tarde en Venustiano Carranza
La menor salió de su domicilio en la colonia Ampliación Penitenciaría. Eran solo unos minutos fuera de casa. Un hombre identificado como Marco “N” la subió a bordo de un taxi y la trasladó a destino desconocido. Una familiar que presenció la escena intentó bloquear el vehículo e impedir que avanzara. El taxi escapó de todas formas.
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Ese mismo día, la madre de la adolescente presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX). Comenzó así una investigación que se extendería por diez meses.
La investigación: entrevistas, cámaras y dos domicilios
Las primeras diligencias condujeron a un inmueble en la colonia 10 de Mayo, también dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí, de acuerdo con la Fiscalía CDMX, la adolescente habría permanecido oculta durante varios meses.
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Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) recabaron entrevistas, analizaron videograbaciones y desarrollaron labores de seguimiento técnico para reconstruir los movimientos del imputado.
El 2 de octubre de 2025, las cámaras y los testigos aportaron un dato nuevo: Marco “N” habría sacado a la menor del inmueble de la colonia 10 de Mayo y la trasladó a otro sitio a bordo de un vehículo. El rastro se cortó temporalmente. Las labores de seguimiento continuaron durante meses.
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Con el tiempo, nueva información permitió a los investigadores establecer que la víctima había regresado al inmueble original en la colonia 10 de Mayo. Con ese dato de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez de control dos instrumentos: una orden de aprehensión contra Marco “N” y una orden de cateo para el inmueble.
Ambas fueron concedidas.
El rescate: cateo del 21 de mayo de 2026
El 21 de mayo de 2026, agentes de la PDI ejecutaron el cateo en el inmueble de la colonia 10 de Mayo. Dentro encontraron a la adolescente. Con vida.
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Marco “N” fue detenido en el mismo operativo.
La menor quedó bajo resguardo institucional para recibir atención integral orientada a favorecer su reintegración familiar, según el comunicado oficial de la Fiscalía CDMX publicado el 3 de junio de 2026. El imputado fue trasladado ante la autoridad judicial.
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Diez meses y tres días después de su desaparición.
El proceso judicial: vinculación y prisión preventiva
El 26 de mayo de 2026, cinco días después del cateo, se celebró la audiencia inicial. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de prueba reunidos durante diez meses de investigación y formuló imputación contra Marco “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de una adolescente de 15 años.
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El juez de control determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
El tipo penal aplicado —desaparición cometida por particulares— no exige acreditar una exigencia de rescate. Basta con que el imputado haya privado a la víctima de su libertad y la haya mantenido oculta, sustrayéndola del amparo de su familia y de las autoridades.
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En este caso, la Fiscalía CDMX acreditó ante el juez que esa condición se prolongó durante diez meses, con al menos dos domicilios distintos utilizados para ocultar a la menor.
De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Marco “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.
La investigación complementaria tiene plazo hasta octubre de 2026.
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