
El gobierno del estado de Sonora salió al paso este miércoles para desmentir una publicación del diario Los Angeles Times que señala al gobernador Alfonso Durazo Montaño como uno de dos mandatarios mexicanos bajo investigación del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, Paloma Terán, aseguró que la información es “completamente falsa” y precisó que Durazo cuenta con visa estadounidense vigente y no ha recibido notificación alguna de investigación por parte de autoridades de ese país. Por su parte, el coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, fue igual de categórico: afirmó que “no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable” que respalde lo publicado por el rotativo.
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La plataforma de verificación Infodemia se sumó a los desmentidos y clasificó la información del LA Times como falsa en sus redes sociales, citando precisamente las declaraciones de ambas vocerías estatales.

Lo que reveló el LA Times
El rotativo estadounidense publicó este miércoles que Washington investiga a dos gobernadores de Morena por presuntos lazos con el crimen organizado: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Según el diario, a ambos les fue revocada su visa, aunque mantienen acceso a territorio estadounidense mediante un programa especial conocido como “Beneficio Público Significativo” (Significant Public Benefit Parole), un mecanismo habitualmente reservado para personas que colaboran con autoridades o testifican ante un gran jurado.
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De acuerdo con el LA Times, Durazo —de 71 años y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, donde operó la estrategia de “abrazos, no balazos”— viaja regularmente a Estados Unidos bajo ese permiso especial para recibir tratamiento médico. Su estado, Sonora, es una de las principales rutas de tráfico de drogas en la frontera norte.
En el caso de Villarreal, de 68 años, la investigación giraría en torno al contrabando de combustible conocido como huachicol, delito arraigado en Tamaulipas. El gobernador tamaulipeco ha negado las acusaciones y asegura que carecen de sustento.
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Contexto: presión acumulada sobre Morena
Las revelaciones del LA Times se suman a una cadena de señalamientos contra funcionarios del partido gobernante. El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Ante esa ola de investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido a Washington pruebas concretas antes de actuar. La mandataria ha calificado las indagatorias de injerencia electoral y violación a la soberanía mexicana, y se ha negado a extraditar a Rocha Moya. En paralelo, ha cuestionado públicamente si detrás de estas acciones existe una agenda política de la derecha estadounidense de cara a las elecciones de 2026 y 2027.
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La escalada de tensiones ocurre a un mes de que México, Estados Unidos y Canadá inicien la revisión del T-MEC.

Doble desmentido oficial e Infodemia
Ante la publicación, ambos gobiernos estatales actuaron de forma coordinada. Sonora negó cualquier cancelación de visa o notificación de investigación hacia Durazo. Tamaulipas, por su parte, exigió evidencia concreta: Algarín subrayó la ausencia total de “documentos, expedientes o resoluciones” que sustenten el reportaje.
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Infodemia, plataforma especializada en verificación de información en México, respaldó ambas versiones y etiquetó la publicación como falsa en sus redes.
Por ahora, el LA Times no ha respondido públicamente a las declaraciones del gobierno de Sonora.
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