Comunidades indígenas en Jalisco viven entre amenazas, racismo y exclusión de programas sociales

La organización Red TDT informó que durante la Misión Civil de Observación, que realizó del 20 al 22 de mayo pasado, se documentaron agresiones sistemáticas y casos de racismo en contra la comunidad indígena de tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, las cuales también son excluídas de programas sociales.

En un comunicado, la organización indicó que desde 1951, la comunidad mantiene un reclamo formal ante el Estado mexicano por el reconocimiento de su territorio ancestral.

Señaló que en 2013 la comunidad reafirmó su autonomía y presentó en 2015 su petición ante el Tribunal Agrario Distrito XVI para que sean reconocidos sus bienes comunales.

A partir de ese año aumentaron el despojo, las amenazas, el hostigamiento, los ataques físicos, desapariciones e intentos de homicidio.

El 26 de noviembre de 2025 fue asesinado el representante agrario Marcos Aguilar Rojas. La defensa del territorio ha traído procesos de criminalización para la comunidad.

Durante la misión, las organizaciones sostuvieron reuniones con autoridades del Gobierno de Jalisco, encabezadas por Alberto Bayardo Pérez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.

Representantes de la comunidad wixárika y tepecana expusieron la gravedad de la conflictividad territorial, la continuidad de las agresiones y la urgencia de soluciones integrales con enfoque de derechos humanos.

La Red TDT reconoció la apertura de distintas instancias del gobierno estatal para mantener un diálogo y seguimiento con la comunidad y las organizaciones acompañantes.

No obstante, subrayó que la violencia y las violaciones a derechos humanos documentadas desde 2018 exigen que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y sostenidas que garanticen plenamente los derechos a la vida, seguridad y territorio de la comunidad.

La misión documentó testimonios sobre la violación al derecho de autoadscripción indígena. Las personas de San Lorenzo de Azqueltán han enfrentado obstáculos para inscribirse en programas sociales, ser incluidas en políticas públicas y para que se reconozcan sus formas de autogobierno y decisiones sobre su territorio.

Entre los casos expuestos está la solicitud para que la asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), programada para este 25 de mayo, se realice en la Casa Comunal, donde la comunidad toma decisiones colectivas.

La Misión Civil de Observación identificó impactos psicosociales derivados de la injusticia e impunidad prolongadas, que mantienen a Azqueltán en riesgo desde al menos 2018, año en que ocurrió el secuestro del defensor comunitario Catarino Aguilar.

Estos impactos afectan de manera colectiva a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, así como al territorio entendido como espacio común y colectivo.

Durante la estancia, autoridades públicas estatales presentaron un análisis integral sobre los derechos humanos, señalando la discriminación y racismo históricos y la falta de reconocimiento a los pueblos Wirratirari y Tepecano de Azqueltán.

Los testimonios recabados incluyen intimidaciones, amenazas, hostigamiento, agresiones graves y el asesinato de defensores comunitarios.

La Red TDT sostiene que la misión evidencia la urgencia de resolver el caso, contener la violencia y atender las causas profundas de injusticia, garantizando el estado de derecho y la protección de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación mexicana.

Las organizaciones que participaron en la misión anunciaron que mantendrán e intensificarán el seguimiento a la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, profundizando el diálogo con autoridades estatales, federales, medios, instituciones académicas e instancias internacionales.

Pore ello, hicieron un llamado a que actores y la ciudadanía en general se sumen a la exigencia de justicia de la comunidad.