Semarnat dejó un vacío al cancelar proyecto turístico en Mahahual y no emitir una resolución: no sienta ningún precedente legal

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció el 19 de mayo en una conferencia de prensa la cancelación del megaproyecto turístico Perfect Day, de Royal Caribbean en Mahahual. La titular Alicia Bárcenas reconoció públicamente el daño ambiental del proyecto, sin embargo, desde entonces, no ha emitido ninguna resolución legal y definitiva al respecto.

Ello representa un vacío legal, advirtió la organización ambiental Greenpeace México, la cual días antes realizó una protesta frente el Palacio de Bellas Artes para exigir a Semarnat la cancelación de este proyecto.

A través de un comunicado, la organización emitió su postura donde manifestó su preocupación por la situación, debido a que no se trata de una noticia menor: la cancelación gubernamental de un proyecto turístico extranjero para preservar la biodiversidad mexicana sería un precedente legal importante, sin embargo, mientras no haya resolución formal, esto no ha sido así todavía.

La cancelación de Perfect Day no es todavía un precedente legal

La principal exigencia de ambientalistas y colectivos es que la Semarnat no ha emitido ningún documento oficial que establezca de manera formal la cancelación del proyecto. Esta exigencia llevó a que el 21 de mayo se manifestaran frente a las oficinas de la secretaría ambiental para exigir dicha resolución: la cancelación política del proyecto no se tradujo en un acto administrativo definitivo.

“Aunque las autoridades reconocieron los graves riesgos que el proyecto implicaba para manglares, arrecifes y el acuífero kárstico, NO emitieron un resolutivo negativo de fondo. El proceso terminó porque la empresa se desistió” subrayó Greenpeace.

La exigencia por la resolución legal es para evitar que en días futuros vuelva a retomarse el proyecto o lleguen nuevas inversiones que pongan nuevamente en riesgo a la zona, considerada como el segundo arrecife más grande del mundo.

Los daños ambientales están justificados y tienen precedentes: durante el análisis técnico del caso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) identificó riesgos para manglares y arrecifes, posibles alteraciones al acuífero y al sistema kárstico, insuficiencia de medidas de mitigación, impactos acumulativos y sinérgicos, así como afectaciones potenciales a especies protegidas, puntualizó Greenpeace.

“Estos hallazgos coinciden con las alertas que Greenpeace México presentó públicamente desde febrero de 2026 en su análisis independiente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto”, explicó reiterando la importancia de que esta cancelación se haga formal.

Sin una resolución de la autoridad ambiental, el expediente no fija parámetros jurídicos sobre los límites de este tipo de desarrollos en zonas con manglares, acuíferos y arrecifes.

Por eso la crítica plantea que la Semarnat cerró la coyuntura, pero no el problema de fondo. Se requiere una negativa sustentada en criterios técnicos y jurídicos, los cuales ya existen con los estudios que demuestran el daño ambiental para dejar constancia oficial sobre los impactos detectados.

Solo así podría quedarse este caso —que se volvió sumamente mediático— como un antecedente para futuras evaluaciones ambientales en la región y en otras zonas del país que pasan situaciones similares actualmente.

Exigencias a Semarnat sobre este y otros proyectos que afectan al medio ambiente

Es importante mencionar que el alcance que tuvo este caso es un logro para México. Si fue posible fue gracias a la presión pública, social y ambiental ejercida desde comunidades, organizaciones, especialistas y ciudadanía dentro y fuera del país, así lo señaló Greenpeace, quien se ha dedicado junto con otras organizaciones a denunciar los daños ambientales en México y el mundo.

“El debate ya no es únicamente sobre un parque acuático. La discusión de fondo es sobre los límites ecológicos de la península de Yucatán, la capacidad de carga del territorio y el modelo de desarrollo que se pretende imponer sobre ecosistemas estratégicos para enfrentar la crisis climática”, destacó Greenpeace.

Por tanto, las exigencias que enlista Greenpeace para Semarnat y autoridades ambientales, así como al gobierno federal, son:

• Definir criterios precisos que impidan la evaluación fragmentada de megaproyectos en la región
• Realizar estudios exhaustivos para determinar los límites ecológicos de la península de Yucatán y su sistema acuífero, y, con base en esos resultados, cancelar o negar permisos a los proyectos que rebasen dicha capacidad
• Impulsar una estrategia regional enfocada en la protección y restauración de la Selva Maya

Además, tambien exigen cumplir los compromisos adquiridos hace seis meses con organizaciones, comunidades y especialistas, que incluyen:

• Desarrollar acciones para mitigar los impactos acumulativos y sinérgicos del Tren Maya
• Establecer una estrategia de prevención y vigilancia sobre los efectos de los megaproyectos
• Implementar moratorias en los cambios de uso de suelo en ausencia de estudios de capacidad de carga
• Elaborar un Programa Peninsular de Restauración