La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles 20 de mayo su iniciativa de reforma constitucional al Senado para modificar el proceso de elección de jueces, trasladando los comicios de 2027 a 2028. Sin embargo, para el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Baker Institute, la propuesta va mucho más allá de un simple ajuste de calendario.
“Es mucho peor que lo anunciado el lunes”, escribió Martín Reyes en su cuenta de X, donde el análisis acumuló más de 208 mil visualizaciones en pocas horas.
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Una “Comisión Coordinadora” con poder para filtrar candidatos
Uno de los cambios que más preocupa al especialista es la creación de una Comisión Coordinadora que tendrá la facultad de decidir quién cumple —y quién no— con los requisitos para aparecer en la boleta electoral.
Según Martín Reyes, esto centraliza aún más el control político de Morena sobre el Poder Judicial, ya que dicha comisión estaría integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes públicos. Además, la iniciativa contempla la aplicación de un examen de admisión para los aspirantes, mecanismo que, en su lectura, funciona como filtro político antes que como garantía de idoneidad técnica.
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El aplazamiento a 2028: ¿alivio o trampa?
El constitucionalista reconoce que mover las elecciones judiciales de 2027 a 2028 era necesario. Realizar esos comicios al mismo tiempo que las elecciones legislativas, ejecutivas y de gobernadores en 17 estados habría generado una saturación electoral sin precedentes.
No obstante, advierte que el problema de fondo no se resuelve: la concurrencia electoral se mantiene como posibilidad en el futuro, lo que significa que el riesgo de politización del proceso judicial sigue latente.
Más poder para el Tribunal de Disciplina Judicial
El punto que Martín Reyes describe con mayor contundencia es el incremento de atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial. La reforma propone que este órgano sea el encargado de “capacitar” a todos los jueces del país, ignorando la existencia de la Escuela Judicial.
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Para el investigador, la medida no tiene justificación técnica. “Es como pedirle a la Santa Inquisición que dé las clases de catecismo”, escribió, señalando que el mensaje real detrás de esta disposición es político: dejar claro quién manda sobre la judicatura.
Críticas desde distintos frentes
El análisis de Martín Reyes coincide con lo señalado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que calificó la propuesta como “la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original” y consideró insuficientes las medidas anunciadas para garantizar la independencia judicial.
La iniciativa ahora deberá ser votada en el Congreso, donde Morena mantiene mayoría, por lo que se espera que los cambios sean aprobados sin mayor resistencia legislativa.
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