El nombramiento de Javier Sánchez Herrera como encargado del despacho de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua llega en uno de los momentos más complejos para el gobierno estatal de Maru Campos.
Todo comenzó el 19 de abril de 2026, cuando dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.
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Lo que parecía un operativo antidrogas de rutina derivó en una crisis política de alto voltaje: el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua destapó la participación de agentes estadounidenses en operaciones en territorio mexicano. Fuentes consultadas por CNN indicaron que los cuatro extranjeros presentes eran oficiales de la Ground Branch o Rama Terrestre de la CIA, que ha estado intensificando sus operaciones en México.
La investigación y las contradicciones
Las pesquisas revelaron que la presencia de los agentes no fue casual ni espontánea. Nuevas pruebas indican que estas personas acudieron al menos en dos fechas distintas a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua antes del operativo. Uno de ellos fue detectado portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso.
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El caso se complicó aún más por las versiones contradictorias de las propias autoridades chihuahuenses. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, primero informó que los estadounidenses regresaban de un operativo antidrogas, pero después aseguró que solo pidieron un “aventón” tras impartir un curso de drones.
La FGR ya integra dos carpetas de investigación: una por ejercicio ilícito de atribuciones —presencia de la CIA sin autorización federal— y otra para deslindar responsabilidades penales respecto del laboratorio. Han declarado 40 de 43 participantes; aún no han citado a la gobernadora Maru Campos ni al exfiscal César Jáuregui.
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Las bajas: dos funcionarios y el exfiscal fuera del cargo
La crisis institucional derivó en una cadena de renuncias. El exfiscal general César Jáuregui fue el primero en salir. Luego le siguió Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, luego de que se le iniciara un procedimiento administrativo por posibles omisiones en el manejo del caso.
En su lugar, la gobernadora Campos designó a Javier Sánchez Herrera, quien hasta fechas recientes dirigía la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE —el área responsable del Semefo en Chihuahua—. Durante su gestión encabezó proyectos clave como la adquisición de unidades de traslado de cuerpos y el Centro de Inhumación Forense en Ciudad Juárez, en respuesta a la saturación de morgues que reportaban alrededor de 440 cuerpos resguardados en los distintos Semefos estatales. Sánchez Herrera cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y una maestría en Seguridad Ciudadana.
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Morena marcha, juicio político en la mira
El escándalo detonó también en el plano político. La protesta fue convocada como parte de la ofensiva política de Morena contra Maru Campos. El partido acusa a la gobernadora de haber permitido la participación de agentes de Estados Unidos en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua.
El 16 de mayo, la marcha fue encabezada por la dirigente morenista Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán, quienes acompañaron el recorrido desde la glorieta Pancho Villa hasta el Palacio de Gobierno estatal. Entre las consignas de los asistentes destacaron frases como “Juicio político a Maru” y “Chihuahua exige justicia”
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El PRI y el PAN han respaldado la estrategia de seguridad aplicada por Maru Campos para combatir al crimen organizado. Por su parte, la gobernadora respondió con un “¡Viva Chihuahua!” y reiteró que su gobierno combate el crimen “de manera frontal” y sin acuerdos “en lo oscurito”.
El relevo en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas marca un nuevo capítulo en un caso que sigue sin cerrarse: con investigaciones federales en curso, presión política de la oposición y preguntas aún sin respuesta sobre el alcance real de la presencia de la CIA en suelo mexicano.
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