Un cruce de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch encendió reflectores este miércoles: ambos ofrecieron versiones contradictorias sobre quién solicitó el esquema de protección del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Lo que dijo Sheinbaum: fue el propio Rocha quien lo pidió
El día de hoy en su conferencia matutina, la mandataria fue directa al ser cuestionada en conferencia. Según sus palabras, Rocha Moya solicitó personalmente el esquema de protección, el cual le fue otorgado tras un análisis de riesgo, tal como ocurre con cualquier ciudadano que lo requiere.
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“De Sinaloa tenía su propia protección. Y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”, afirmó Sheinbaum. Al ser cuestionada directamente sobre si fue el gobernador quien lo pidió, respondió: “Sí, como gobernador de Sinaloa.”
Lo que dijo Harfuch nueve días antes: nadie pidió nada
El 4 de mayo, García Harfuch ofreció una versión opuesta en una conferencia distinta. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que Rocha Moya no solicitó reforzar su esquema, sino que fue una recomendación del gabinete.
“En este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó también que tuviera cuerpo de seguridad. No es nada, no es ningún dispositivo grande. No han pedido seguridad nadie”, declaró Harfuch.
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La contradicción que nadie ha explicado
Las dos versiones no son conciliables: o Rocha Moya pidió protección, como afirma Sheinbaum, o nadie la solicitó y fue el gabinete quien la recomendó, como sostiene Harfuch. Hasta el cierre de esta nota, ninguno de los dos funcionarios ha ofrecido una aclaración conjunta.
El contexto agrava la pregunta: Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo, perdiendo con ello su fuero constitucional, en medio de una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso es inédito: es la primera vez que un gobernador en funciones enfrenta la posibilidad de ser enviado a EU a responder cargos penales.
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Mientras la FGR unifica investigaciones y los drones sobrevuelan Culiacán, en el gabinete federal las versiones sobre quién protege a Rocha Moya —y por qué— no cuadran.
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