
Una jueza federal declaró culpables de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa a dos elementos de la Guardia Nacional acusados de asesinar al estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel y atacar a otros dos universitarios en hechos ocurridos en 2022 en Guanajuato.
La resolución fue considerada histórica por representantes legales de las víctimas, debido a que se trata de la primera sentencia de este tipo en el estado contra integrantes de la corporación federal.
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Aunque la declaratoria de culpabilidad ya fue emitida, será hasta este miércoles, durante la reanudación de la audiencia programada a la una de la tarde, cuando se dé a conocer la condena que enfrentarán los agentes federales.
La defensa de las víctimas estima que los responsables podrían recibir penas de entre 30 y 60 años de prisión.
“Nos sentimos contentos y satisfechos no obstante que pasó mucho tiempo y hoy es un buen día para la comunidad universitaria”, expresó Juan Arredondo Rodríguez, asesor legal de los estudiantes universitarios.
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El ataque contra los estudiantes
Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca.
Los jóvenes acababan de salir de una reunión con compañeros de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato y circulaban por la comunidad de El Copal cuando fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional.
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De acuerdo con las investigaciones, los agentes federales les marcaron el alto e iniciaron una persecución que terminó en un ataque armado contra los estudiantes.
Durante la agresión, Ángel Yael recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.
Edith Alejandra resultó herida de bala en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo logró salir ileso del ataque.

El caso provocó indignación entre la comunidad universitaria y derivó en protestas y exigencias de justicia por parte de estudiantes, académicos y familiares de las víctimas.
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Un juicio aplazado durante casi cuatro años
Días después de los hechos, los elementos de la Guardia Nacional identificados como Iván I. y Jesús Ángel A.G. fueron consignados por la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, el proceso judicial enfrentó múltiples retrasos debido a diversos amparos promovidos por la defensa de los acusados, situación que prolongó el juicio durante casi cuatro años.
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Fue hasta finales del año pasado cuando dichos recursos legales concluyeron y, en marzo de este año, se reanudó finalmente la audiencia.
Durante el proceso, uno de los agentes permaneció detenido, mientras que el otro enfrentó el juicio en libertad.
Tras la declaratoria de culpabilidad, tanto la Fiscalía General de la República como los representantes legales de las víctimas solicitaron a la jueza ordenar la detención inmediata del agente Iván I. para evitar un posible riesgo de fuga.
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No obstante, la petición fue rechazada por la autoridad judicial.
La resolución emitida este martes representa uno de los casos más relevantes en Guanajuato relacionados con el uso letal de la fuerza por parte de corporaciones federales y reavivó el debate sobre la actuación de elementos de seguridad en operativos contra civiles.
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