Quiénes son los otros nueve funcionarios acusados por Estados Unidos de proteger presuntamente al Cártel de Sinaloa

Según la imputación, recibieron sobornos y facilitaron el tráfico de drogas y armas en la entidad, así como de proteger operaciones del grupo criminal mediante el uso de recursos de sus cargos públicos

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Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación directa con autoridades de Estados Unidos.
Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación directa con autoridades de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles las acusaciones formales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, señalados por delitos graves relacionados con el narcotráfico, la protección al Cártel de Sinaloa y la tenencia ilícita de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

Estos funcionarios, en su mayoría de alto rango y con cargos tanto actuales como previos en instituciones estatales y municipales, habrían recibido sobornos millonarios a cambio de facilitar operaciones de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

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De acuerdo con las acusación vigentes, los implicados protegieron a los líderes del cártel, proporcionaron información confidencial sobre operativos policiales y permitieron la violencia asociada al tráfico de drogas, todo a cambio de pagos regulares y favores políticos.

Montaje de Ovidio Guzmán López en el centro, con Joaquín 'El Chapo' Guzmán a la derecha y otros dos hombres abajo, frente a un fondo oscuro con una silueta femenina
A lo largo de la historia del combate al narcotráfico, las autoridades han utilizado con frecuencia los lazos familiares y sentimentales para localizar a objetivos prioritarios. (El Mencho, EL Chapo Guzmán, La Tuta)

Funcionarios acusados y desglose de señalamientos

  • Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, es señalado por permitir la operación del Cártel a cambio de apoyo electoral, designando funcionarios aliados a los intereses de la organización criminal y asegurando su impunidad durante su administración. Según la acusación, el mandatario prometió a los líderes del grupo criminal que, de ser elegido, facilitaría el nombramiento de funcionarios favorables al tráfico de drogas y garantizaría protección a sus operaciones.
  • Enrique Inzunza Cázares, actualmente senador y antes secretario general de Sinaloa, habría acordado con los líderes del cártel la protección institucional a cambio de favores políticos, actuando como vínculo entre la administración estatal y la facción de “los Chapitos”.
  • Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas, fue clave en la coordinación con el cártel, entregando información sobre rivales políticos para que fueran presionados o retirados de contiendas electorales, además de servir como enlace entre los líderes criminales y el gobernador.
  • Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos contra laboratorios y miembros de la organización, permitiendo la destrucción o traslado de pruebas antes de los allanamientos.
  • Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, habrían recibido sobornos de 16 mil dólares mensuales cada uno, permitiendo la libre operación del cártel y la liberación de sus miembros detenidos.
  • Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, facilitó información adelantada sobre redadas para que los narcotraficantes pudieran mover drogas y equipo, protegiendo así los intereses de la organización.
Sinaloa registra repunte de homicidios y otros delitos.
La violencia en Sinaloa persiste a causa del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza. | Crédito: Cuartoscuro
  • José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.
  • Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.

Las autoridades estadounidenses también detallaron que estos funcionarios habrían conspirado no solo para permitir el tráfico de drogas a gran escala, sino también para portar y facilitar el uso de armas de fuego de guerra, y, en algunos casos, facilitar secuestros con resultado de muerte contra quienes consideraban enemigos o colaboradores de agencias estadounidenses.

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