Crece disputa por planta de metanol en Sinaloa: comunidades indígenas apuntan litigio hasta la Suprema Corte

Comunidades indígenas mayo-yoremes, cooperativas pesqueras y organizaciones ambientalistas del norte de Sinaloa endurecieron su oposición a la planta de metanol Pacífico Mexinol, proyecto industrial previsto en Topolobampo que ha detonado una nueva confrontación política, social y judicial en la región.

Durante la protesta más reciente contra el proyecto, registrada el 23 de abril, decenas de inconformes ingresaron al evento de colocación de la primera piedra del complejo y derribaron la estructura simbólica preparada para el inicio de la obra, obligando a inversionistas extranjeros y al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, a trasladarse a un espacio privado para continuar con el acto protocolario.

El proyecto contempla una inversión estimada de 3.3 mil millones de dólares y una producción diaria superior a seis mil toneladas de metanol a partir de gas natural importado desde Texas. La planta es desarrollada por Transition Industries y cuenta con participación de firmas internacionales en su financiamiento y construcción.

Sin consulta a las comunidades locales

Los opositores sostienen que la obra fue autorizada sin realizar una consulta previa a las comunidades indígenas y pesqueras que, aseguran, resultarían afectadas por su operación, particularmente en las bahías de Ohuira, Santa María y Topolobampo. Argumentan que ese procedimiento es obligatorio conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación mexicana.

Tras la protesta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a dialogar con los manifestantes y afirmó que el proyecto no podrá avanzar sin que se cumpla con la consulta correspondiente, al tiempo que se comprometió a plantear el tema ante el gobierno federal.

La oposición al complejo industrial también se mantiene en tribunales. Integrantes de la Sociedad Cooperativa Pesquera Eustaquio Urías promovieron un amparo contra la autorización ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al señalar que la dependencia permitió la construcción sin agotar el proceso consultivo.

Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito negó la suspensión definitiva solicitada por los promoventes, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar un daño inminente. La resolución fue rechazada por los opositores, quienes acusaron irregularidades procesales y adelantaron que interpondrán un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.

Los dirigentes del movimiento añadieron que, en caso de no obtener una resolución favorable en instancias inferiores, buscarán llevar el litigio hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al sostener que agotarán todas las vías legales disponibles para frenar el proyecto y exigir el respeto a los derechos de las comunidades indígenas.

Afectación del ecosistema impactaría en casi mil familias

Los pescadores sostienen que la actividad productiva en la bahía de Ohuira depende directamente de la preservación ambiental de la zona y que cientos de familias podrían verse afectadas si el proyecto modifica el ecosistema marino. Según el propio manifiesto ambiental de la empresa, 942 familias dependen de la actividad pesquera en el área de influencia del proyecto.

Los líderes del movimiento ¡Aquí No! afirman que el rechazo social responde a más de una década de litigios y movilizaciones contra proyectos industriales en la región, incluida la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente, que también enfrenta recursos legales promovidos por comunidades indígenas.

El conflicto por Pacífico Mexinol se suma así a la disputa por la industrialización del corredor Topolobampo-Ohuira, una zona estratégica para el desarrollo energético e industrial del norte de Sinaloa, pero donde comunidades locales mantienen resistencia por el impacto ambiental y social de los megaproyectos.