Desaparecer en México: una crisis sin castigo ni respuesta institucional

En un foro reciente organizado por Causa en Común, una persona que busca a su familiar desaparecido sintetizó en una frase la dimensión del colapso institucional en México: ya no tiene esperanza en que este gobierno le ayude a encontrarlo.

No es un testimonio aislado. Es la conclusión colectiva de miles de familias que llevan años enfrentando omisiones, simulaciones y promesas incumplidas.

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas. Pero el dato que revela la magnitud real de la crisis no es ese número, sino su trayectoria: el 90% de los casos se concentra en los últimos años, y solo en 2024 se registró un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones.

No es una herencia del pasado. Es una crisis activa que crece.

Un andamiaje institucional que existe sobre el papel

Desde 2018, México cuenta con una Ley General en materia de desaparición, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y un sistema nacional de coordinación. En teoría, el marco existe. En la práctica, no funciona.

De los más de 130 mil casos registrados, apenas 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación. El mensaje es claro: en México, la desaparición prácticamente no se investiga.

El colapso también alcanza a los servicios forenses. Estimaciones independientes apuntan a más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en morgues de todo el país. Colectivos de familiares lo describen como una “segunda desaparición”: personas que, incluso después de ser encontradas sin vida, permanecen sin nombre.

Las familias buscan donde el Estado no llega

En ausencia institucional, son los propios familiares quienes asumen la tarea de búsqueda. Entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 3 mil 38 hallazgos de fosas clandestinas, la mayoría localizados por colectivos.

Buscar tiene un costo. Al menos 35 integrantes de colectivos han sido asesinados y ocho más han desaparecido.

La ausencia del Estado no es solo administrativa: es también física.

La respuesta del gobierno: depurar, no buscar

Frente a este escenario, la estrategia del gobierno federal ha sido centrar el debate en los registros. La revisión del padrón nacional de desaparecidos introduce categorías que clasifican casos según la “calidad” de su información o supuestas actividades posteriores a la desaparición.

El efecto es político: el problema se redefine como uno de depuración estadística, no de búsqueda e identificación.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya confirmó lo que las víctimas denuncian desde hace años: México enfrenta desapariciones generalizadas, con impunidad casi absoluta e indicios de participación o tolerancia de autoridades. La respuesta oficial ha sido rechazar ese diagnóstico.

La señal que el Estado envía

Como señala el análisis de Causa en Común, cuando las instituciones no buscan, no investigan y no informan, dejan de ser referentes de justicia para convertirse en obstáculos.

Si las desapariciones no se investigan, si los cuerpos no se identifican y si las cifras se manipulan, el mensaje implícito es demoledor: desaparecer en México no tiene consecuencias.