Seguridad energética en tiempos de crisis: la apuesta de Santa Marta

Más de cincuenta países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para celebrar la primera conferencia internacional dedicada a diseñar una ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. No se trata de una cumbre bajo el paraguas de las Naciones Unidas, sino de una propuesta inédita, impulsada por Colombia y los Países Bajos.

Santa Marta surge como respuesta a una realidad incómoda. Luego de tres décadas de negociaciones climáticas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países no han logrado acordar la eliminación de los combustibles fósiles, causa principal e indiscutida de la crisis climática. Y esto no es fortuito. Los países que se benefician de la economía fósil han bloqueado sistemáticamente cualquier intento de una salida planificada del petróleo, el gas y el carbón. En este contexto, para Santa Marta se propone algo distinto: un espacio donde los países dispuestos a avanzar puedan coordinar y construir una hoja de ruta conjunta.

El momento no podría ser más urgente. Desde febrero de 2026, la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz han provocado el mayor shock petrolero y de gas en medio siglo, calificado por la Agencia Internacional de la Energía como el mayor desafío de seguridad energética en la historia reciente.

Esta crisis confirma lo que la sociedad civil viene señalando desde hace años: la dependencia de los combustibles fósiles no es solo un problema climático, es también un riesgo sistémico, una amenaza a la soberanía energética y un factor que agrava vulneraciones a los derechos humanos.

En este contexto, la crisis puede ser el último empujón que necesitan los países para comprender que la verdadera riqueza y seguridad energética está en las fuentes locales, limpias y renovables disponibles en todos los territorios. Hoy contamos con tecnologías accesibles que reemplazan a los fósiles, reduciendo y eventualmente eliminando la dependencia de combustibles importados, incluso existen modelos para que las comunidades puedan producir su propia energía sin depender de sistemas centralizados ni combustibles importados. La soberanía energética ya es una posibilidad concreta.

Pero también surgen nuevos riesgos. Con el suministro del Golfo Pérsico interrumpido, la presión por explotar nuevas reservas se desplaza a Latinoamérica, donde aún existen vastas reservas bajo tierra. Venezuela ha reanudado exportaciones bajo licencia estadounidense y Argentina acelera el desarrollo de Vaca Muerta, megaproyecto de fracking, con fuerte inversión internacional y producción récord. La explotación de estas reservas podrían empujarnos a peligrosos puntos de no retorno climático.

Frente a este escenario, la conferencia de Santa Marta llega en un momento decisivo. Los países participantes tendrán la oportunidad de coordinar estrategias que aborden simultáneamente los desafíos de dependencia económica, oferta energética y diplomacia internacional en torno a los fósiles, con el objetivo de avanzar a una nueva era energética.

Los fundamentos jurídicos para esta transición ya existen. Opiniones consultivas de tribunales internacionales han reafirmado que los Estados tienen obligaciones legales de proteger el clima, incluyendo la regulación de la producción de combustibles fósiles. El Acuerdo de París, resultado de 30 años de negociaciones, ofrece un marco robusto, junto con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que le dan vida, que incorporan compromisos nacionales como metas de reducción de emisiones y principios de transición justa. El desafío ahora es traducir esos compromisos en legislación nacional exigible que pueda ejecutarse.

Sin embargo, legislar no basta si las reglas del sistema económico continúan favoreciendo a la industria fósil. Mecanismos de arbitraje inversores-Estados, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), permiten que empresas demanden a los gobiernos que legislan para proteger el clima, convirtiendo la transición en un riesgo financiero para los propios Estados. Reconocer y abordar este obstáculo estructural en Santa Marta será clave.

La transición, además, debe ser planificada y justa. Esto implica establecer estándares vinculantes de cierre y salida responsable que protejan los territorios intervenidos y a las comunidades locales, evitando que personas y ecosistemas queden abandonados.

También es importante avanzar desde los territorios. Una estrategia concreta es la creación de zonas libres de combustibles fósiles, espacios donde no se permita la extracción, comenzando por los ecosistemas más frágiles y valiosos. Lo que ocurrió con la consulta popular nacional acerca del Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, demostró que la ciudadanía puede decidir democráticamente dejar el petróleo bajo tierra. El reto ahora es escalar esas experiencias y coordinarlas regionalmente.

El encuentro en Santa Marta no resolverá todos los desafíos, pero representa el primer intento serio de construir, fuera de los espacios tradicionales, una hoja de ruta concreta hacia el futuro que necesitamos, sin combustibles fósiles.

Si la conferencia logra articular una coalición de países comprometidos y marcar una dirección clara, habrá marcado un gran avance. Es una oportunidad inédita que no podemos desperdiciar.

* Florencia Ortúzar es Directora del Programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

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