
El diputado por el PAN, Alan Sahir Márquez Becerra, recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para promover su iniciativa que busca castigar la suplantación de identidad a través de IA.
En un video publicado en redes sociales, el legislador federal aparece sentado en su escritorio, hablando de frente a la cámara sobre lo peligroso que es que a través de IA puedan crearse imágenes con el rostro y la voz de otras personas.
Mientras menciona esto, en la mesa deja de estar él y aparece la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, entre otras figura políticas.
Todos con la misma camisa y el mismo escenario, con una apariencia casi idéntica a las personas reales y con una voz muy similar que fácilmente podría pasar desapercibido el uso de IA.
En su mensaje, el diputado busca explicar en qué consiste la reforma constitucional que presentó para poder castigar la suplantación de identidad con ayuda de IA, una práctica que puede usarse fácilmente para cometer delitos de extorsión contra las personas.
“Imagina que tu papá o tu mamá reciben una videollamada con tu imagen y tu voz pidiendo ayuda urgente. Pero no eres tú, es inteligencia artificial”, se escucha mientras se ve a las distintas figuras políticas diciendo esto.
“Hoy ya pueden copiar tu voz, tu cara, tu manera de hablar y hacerlo tan real que cualquiera podría caer. Esto no es el futuro, ya está pasando”, advierte.
Explica que la iniciativa que presentó para atender esta situación busca “castigar el robo de identidad con uso de inteligencia artificial con hasta 10 años de prisión”.
Además, comparte que otra de sus incoativas, busca que “niñas y niños aprendan el buen uso de la inteligencia artificial en la escuela, de forma ética y responsable”.
Lo anterior porque, explicó, “la inteligencia artificial no es el problema, el problema es cuando alguien la usa para pretender ser tú sin tu autorización. Y ahí es cuando ya es demasiado tarde”, subraya.

Iniciativa que busca castigar esta práctica
El diputado del PAN presentó esta iniciativa a finales de 2025. En ella, manifiesta que el avance de la inteligencia artificial ha permitido la creación de imágenes y videos con un nivel de realismo y precisión sin precedentes.
Estas innovaciones han encontrado aplicaciones importantes en distintos ámbitos, como el entretenimiento, la educación y el marketing, mejorando la experiencia de los usuarios y facilitando la transmisión de información de manera atractiva y eficiente.
No obstante, el uso de esta tecnología también plantea riesgos significativos. La generación y manipulación de imágenes o videos sin el consentimiento de las personas puede derivar en vulneraciones a los derechos de identidad y privacidad. Entre los usos indebidos se encuentran el robo de identidad, la difusión de desinformación y la creación de contenido que atenta contra la integridad de los individuos.
Además, estas prácticas pueden implicar violaciones a la propiedad intelectual, ya que la reproducción o alteración de obras protegidas se realiza sin autorización. El contexto actual exige el desarrollo de marcos regulatorios y mecanismos de supervisión que permitan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, al tiempo que se previenen los riesgos asociados a su uso indebido y se protegen los derechos de las personas.
Actualmente, el Estado mexicano no cuenta con una legislación específica en materia de ciberseguridad. Esta ausencia normativa incrementa la vulnerabilidad de la identidad y la información personal de la población frente a riesgos derivados del uso de las TIC. La falta de un marco legal que tipifique como delito la generación y divulgación de imágenes y videos sin consentimiento expone a las personas a posibles afectaciones en su seguridad y en la protección de sus derechos fundamentales.
Sin una regulación adecuada, resultan insuficientes los mecanismos para resguardar los datos personales y sancionar la manipulación o difusión no autorizada de contenido digital. Esta situación subraya la urgencia de establecer lineamientos y normativas que permitan prevenir y castigar prácticas que atenten contra la integridad, la privacidad y la dignidad de los ciudadanos en el entorno digital.
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