En enero de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) modificó en silencio la forma en que México clasifica los delitos contra la libertad personal. La categoría que durante una década funcionó como válvula de escape para las fiscalías estatales fue reorganizada en nuevos rubros. El efecto inmediato: el secuestro pasó de representar el 3.97% del total de estos delitos en 2025, al 1.39% en 2026.
No hubo menos secuestros. Hubo una nueva contabilidad.
Eso es lo que documenta Causa en Común en su más reciente análisis, Cuentas y cuentos en torno a los secuestros, publicado el 12 de abril. En entrevista con Infobae México, Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización y estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM, explicó el mecanismo detrás de las cifras.
Una categoría que creció 40 veces
El problema tiene raíces de una década. Entre 2015 y 2025, las fiscalías estatales y el SESNSP utilizaron el rubro “otros delitos contra la libertad” para agrupar conductas que van desde figuras accesorias al secuestro hasta desapariciones cometidas por particulares. La definición era tan amplia que prácticamente cualquier caso relacionado con la privación ilegal de la libertad podía entrar ahí.
El resultado fue una distorsión sostenida: si en 2015 esa categoría ya registraba diez veces más víctimas que los secuestros oficiales, para 2022 la proporción había escalado a más de 40 veces. Y se mantuvo ahí.
“Estas categorías deberían ser complementarias, accesorias. Sin embargo, el hecho de que contengan una cantidad tan elevada de registros sugiere que están siendo utilizadas por las fiscalías como cajas negras para diluir las cifras de los delitos de alto impacto", señaló Escobar Ayala.
El caso más llamativo es Quintana Roo: en 2025 reportó cero secuestros, pero registró más de 1,500 víctimas en la categoría paralela. Si ambos rubros midieran fenómenos realmente distintos, esa brecha sería inexplicable.
La nueva metodología, el mismo problema
El cambio de enero de 2026 desagregó “otros delitos” en nuevas categorías: privación ilegal de la libertad, retención o sustracción de menores, y un remanente que sigue llamándose “otros”. El SESNSP lo presentó como una mejora técnica.
Los primeros datos, sin embargo, cuentan otra historia. En el primer bimestre de 2026 se registraron 84 víctimas de secuestro. En las categorías paralelas: 1,580 de privación ilegal de la libertad, 2,882 de retención o sustracción de menores y 1,498 de otros delitos. En conjunto, 71 veces el número de secuestros registrados.
El análisis de Causa en Común es contundente: un mismo caso puede terminar registrado como secuestro, como privación ilegal de la libertad o como “otro delito”, según el criterio de la autoridad o el momento procesal. La discrecionalidad no desapareció con el cambio metodológico. Solo se redistribuyó.
Lo que el gobierno admite en privado pero no en público
Escobar Ayala apuntó a algo que va más allá de los tecnicismos estadísticos. Desde las conferencias de prensa, el gobierno federal ha construido una narrativa sostenida: los delitos de alto impacto van a la baja. Los datos independientes cuentan otra historia.
“En conversaciones privadas, el propio gobierno reconoce estas deficiencias. Reconocen las malas prácticas de las fiscalías y sus bajas capacidades. Pero eso nunca se dice en las conferencias de prensa“, afirmó el investigador.
Para las víctimas de secuestro cuyo caso quedó archivado bajo una categoría distinta, el daño es doble: no solo enfrentan la impunidad, sino que estadísticamente dejan de existir como víctimas del delito que sufrieron.
¿Qué debería exigir la ciudadanía?
Ante este panorama, Escobar Ayala planteó una demanda concreta: que el gobierno no solo publique cifras, sino que explique con transparencia el proceso mediante el cual se recolectan y clasifican los datos.
“Como ciudadanía tenemos que distanciarnos de la comunicación oficial. Pero también tenemos que exigirle al gobierno que asuma que existen deficiencias graves en las instituciones responsables de generar esta información", sostuvo.
La transparencia estadística, concluyó, no es un asunto de especialistas. Es un derecho ciudadano.
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