
Raúl Bolaños-Cacho Cué, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para combatir la explotación sexual infantil a nivel nacional, enfocada en el fenómeno conocido como 'grooming’.
La propuesta fue planteada en la tribuna de la Cámara de Diputados a nombre de los diputados Ricardo Monreal y Carlos Puente, coordinadores parlamentarios de Morena y del PVEM.
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En entrevista con medios de comunicación, el legislador explicó que el grooming ocurre cuando adultos manipulan a menores a través de plataformas digitales para convencerlos de realizar conductas sexuales.
Señaló que en México este delito no estaba regulado ni sancionado. Con la iniciativa, buscó crear una primera estrategia nacional para combatir el problema y sentar las bases para que, más adelante, se reforme el Código Penal y se apliquen sanciones más severas.
Al finalizar la presentación, todos los grupos parlamentarios se sumaron y, según Bolaños-Cacho Cué, en la discusión de comisiones habría apoyo de todas las fuerzas políticas.
“La buena noticia del día de hoy es que hay causas que todavía nos unen”, afirmó.
Añadió que no existe un registro específico de niñas, niños y adolescentes afectados por el grooming, aunque sí hay registros de abuso infantil, “que pocas veces se denuncian y en las que raramente se obtiene justicia”.
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Propuso que las madres y los padres conozcan el problema y que las plataformas digitales establezcan filtros más estrictos y sistemas de verificación de edad.
Subrayó que las plataformas digitales también tienen responsabilidad para evitar que la libertad se convierta en libertinaje y que se comentan abusos a menores en redes sociales.
El diputado aclaró que no creía en políticas prohibicionistas, sino en la regulación, y sostuvo que el marco normativo debe evolucionar junto con la sociedad y las plataformas digitales.
¿Qué porponen?
Explicó que la iniciativa no contemplaba sanciones de inicio: el primer paso sería una estrategia integral para prevenir y detectar el grooming. Después, se presentaría una reforma al Código Penal para tipificar el delito y aumentar las penas.
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Entre las propuestas, la iniciativa buscó establecer coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, impulsar protocolos en plataformas digitales —como mecanismos de reporte, control parental y verificación de edad— y fortalecer la atención a las víctimas, garantizando su rescate, protección, atención psicológica y reintegración. Además, planteó reforzar acciones de prevención.
La propuesta incluyó reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —con la creación de un nuevo artículo 69 Ter—, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Gobernación coordine la estrategia nacional.
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La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
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