Hasta hoy, asesinar a una mujer por razones de género en Oaxaca no se investigaba ni se sancionaba igual que en Nuevo León o en Ciudad de México. Cada estado tenía su propia definición del delito, sus propias penas y sus propios protocolos. O peor: algunos no los tenían.
Esa desigualdad legal terminó siendo, durante años, una puerta abierta a la impunidad.
El Senado de la República dio este martes un paso para cerrarla: aprobó por unanimidad, con 109 votos a favor y ninguno en contra, la reforma constitucional que permitirá crear la primera Ley General de Feminicidio en México, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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¿Qué cambia en concreto?
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley que aplique igual en todo el país. Esto significa que, por primera vez, existirán reglas homogéneas que ningún estado podrá ignorar:
- Una sola definición del feminicidio, válida en los 32 estados
- Penas equivalentes y agravantes bajo los mismos criterios
- Investigación obligatoria con perspectiva de género desde el primer momento
- Protocolos unificados para policías, fiscales y peritos
- Coordinación obligatoria entre federación, estados y municipios
En términos simples: no importará dónde ocurra el crimen, la respuesta del Estado tendrá que ser la misma.
El punto que casi nadie está contando
Entre todo lo que contempla la futura ley, hay un elemento que ha pasado casi desapercibido en la conversación pública: la protección a los hijos que se quedan sin madre.
La legislación prevé atención específica para las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio, garantizándoles acceso a salud, educación, apoyo psicológico y reparación del daño. Es, quizás, el reconocimiento más humano de toda la reforma: el feminicidio no destruye solo una vida, destruye familias enteras.
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La advertencia que no hay que perder de vista
El respaldo fue unánime, pero no incondicional. Legisladoras de oposición advirtieron que una ley nueva no basta si las autoridades no la aplican. México ya tiene marcos legales contra la violencia de género que, en la práctica, se incumplen con frecuencia.
La pregunta que queda sobre la mesa es directa: ¿tendrán las fiscalías los recursos, la capacitación y la voluntad para investigar cada muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el primer día?
¿Qué sigue?
La reforma aprobada en el Senado pasará ahora a la Cámara de Diputados y, posteriormente, deberá ser avalada por al menos 17 congresos estatales para que el Congreso pueda emitir la Ley General de Feminicidio.
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El camino legislativo apenas comienza. Pero por primera vez en la historia del país, existe la posibilidad de que el lugar de nacimiento de una mujer deje de determinar el valor que el Estado le otorga a su vida.
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