La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

Guadalupe Fernández Valencia, conocida como ‘La Patrona’, es una de las pocas mujeres que han alcanzado la cúspide del narcotráfico en México.

Entre 2009 y 2014, habría dirigido el envío semanal de 30 kilogramos de cocaína y toneladas de marihuana, metanfetamina y heroína desde Culiacán hacia Estados Unidos. Su liderazgo en la red de los Chapitos la colocó al frente del flujo de dinero ilícito, la coordinación de rutas clave y la ejecución de actividades que la llevaron ante la justicia en ambos lados de la frontera. Tras ser sentenciada en Chicago a 10 años de prisión en 2021, recuperó la libertad en 2023 luego de colaborar con las autoridades estadounidenses.

El tribunal que la condenó destacó que su testimonio puso en riesgo la vida de sus cinco hijos. Su hermano, Manuel Fernández Valencia, quien fue su primer vínculo con el Cártel de Sinaloa, fue condenado a 27 años y regresó a México en 2025 tras colaborar en el caso contra Joaquín Guzmán Loera.

De Aguililla a la cúspide

La historia de Guadalupe Fernández Valencia comienza en Aguililla, Michoacán, donde nació el 29 de octubre de 1960. Durante su juventud trabajó en fábricas y, según testimonios en su juicio, decidió entrar al tráfico de drogas después de quedar embarazada. Migró a California en la década de 1990, donde fue arrestada en 1998 por microtráfico. Cumplió condena en una prisión federal y fue deportada a México en 2007.

De vuelta en México, se instaló en Culiacán y comenzó a colaborar con su hermano Manuel Fernández Valencia, conocido como “El Animal” o “La Puerca”. Juntos aprovecharon sus conexiones en California para fortalecer la logística del Cártel de Sinaloa. Tras el arresto de Manuel en 2010, Fernández Valencia suspendió temporalmente sus actividades y se trasladó con su familia a Guadalajara. Dos años después, tras la visita de un asociado vinculado a la facción de los Chapitos, regresó a Culiacán y reanudó el tráfico de drogas.

Entre 2012 y 2014, Fernández Valencia amplió sus operaciones y reportó directamente a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, hijo de El Chapo.

Supervisó rutas que iban desde Culiacán hasta Tijuana y cruzaban la frontera a California. Coordinaba la transportación de cargamentos en vehículos y mediante túneles, y diversificó el tráfico para incluir metanfetamina y heroína. Al mismo tiempo, controló el movimiento de dinero ilícito mediante casas de cambio en Guadalajara, transferencias electrónicas, depósitos bancarios estructurados y sistemas alternos de crédito.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó en noviembre de 2015. Fue detenida en febrero de 2016 en Culiacán, un mes después de la última captura de El Chapo. Extraditada a Chicago en 2017, aceptó colaborar con los fiscales y se declaró culpable en 2019. Durante el juicio, Fernández Valencia pidió perdón a sus hijos y a la justicia estadounidense entre lágrimas: “Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón a mis hijos y a mi familia. Me gustaría poder encontrar las palabras para convencerlo de cuánto lo siento”.

Violencia, alianzas y control financiero: así operó

Para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, Fernández Valencia y su círculo presuntamente recurrieron a la violencia, incluyendo sobornos a funcionarios, secuestros, extorsión y ataques a rivales. La red familiar fue central en su ascenso. Manuel Fernández Valencia, su hermano, fue identificado como el principal colaborador de El Chapo Guzmán para el tráfico a Estados Unidos y fue detenido en 2010 junto con otros siete integrantes. En 2016, fue declarado culpable en una corte de Chicago.

En su testimonio, Manuel reconoció haber trabajado con los gemelos Margarito y Pedro López, considerados clave para convertir al Cártel de Sinaloa en el mayor distribuidor de droga hacia territorio estadounidense. La alianza permitió el envío de más de 60 toneladas de droga y cerca de dos millones de dólares en efectivo a México.

La familia Fernández Valencia también consolidó alianzas con los hijos de El Chapo. Gabriela Fernández, sobrina de Guadalupe, se casó con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de sicarios de los Chapitos. En 2010, tras la muerte de Ignacio Coronel, los Fernández Valencia y Alfredo Guzmán fueron designados para recuperar la plaza de Jalisco. La red sumó vínculos con grupos como Los Caballeros Templarios, a través de Enrique Plancarte Solís.

El entorno familiar también fue golpeado por la violencia. En 2010, el sobrino de Guadalupe —hijo de Manuel— fue asesinado por un integrante de la Organización Beltrán Leyva tras ser confundido con Iván Archivaldo Guzmán. Otro aliado, Jorge Mario Valenzuela Verdugo, alias “El Marito Choclos”, fue hallado muerto y con signos de tortura en 2017, mientras avanzaban los procesos judiciales contra Fernández Valencia y Guzmán Loera.

Las autoridades estadounidenses consideraban a Fernández Valencia la principal responsable financiera de la organización. Las ganancias del tráfico en Los Ángeles eran entregadas a comercios vinculados a casas de cambio en Guadalajara, que cobraban una comisión del 3 por ciento, además de tarifas por transferencia, para enviar el dinero a México. Sus colaboradores recogían luego los fondos en Guadalajara y los redistribuían. También facilitaba el movimiento de dinero mediante el transporte de efectivo a granel, depósitos estructurados y sistemas alternativos basados en crédito.

¿Qué pasó con La Patrona?

La trayectoria de Guadalupe Fernández Valencia es excepcional en un contexto donde la participación de mujeres en el tráfico de drogas suele ser escasa. Su nombre figura junto al de Sandra Ávila Beltrán, Claudia Ochoa Félix y Enedina Arellano Félix como una de las pocas que han alcanzado un alto rango en el narco.

En 2021 fue condenada a 10 años de prisión por su papel en el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con su acuerdo de culpabilidad, transportó un promedio de 30 kilos de cocaína semanalmente hacia Los Ángeles y movió grandes sumas de dinero a casas de cambio en Guadalajara. Tras cooperar con las autoridades estadounidenses, fue puesta en libertad en 2023, tras cumplir cerca de tres años de sentencia. No está claro si tras su liberación fue deportada a México o ingresó a un programa de protección de testigos.