La Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre la expansión de un esquema de extorsión telefónica conocido como “llamada cruzada”, una modalidad que simula secuestros sin que exista una privación real de la libertad.
Las autoridades capitalinas señalaron que este tipo de fraude comenzó a identificarse desde 2025 y su ejecución se basa en una serie de engaños coordinados que involucran tanto a la víctima directa como a sus familiares.
El primer contacto ocurre mediante una llamada en la que los responsables adoptan distintas identidades, como supuestos funcionarios o, incluso, personas vinculadas a grupos del crimen organizado. A partir de ese acercamiento, logran que la persona salga de su domicilio e interrumpa la comunicación con su entorno.
Una vez que la víctima queda incomunicada, los extorsionadores establecen contacto con sus familiares y les informan que ha sido privada de la libertad. En ese momento, exigen dinero bajo la premisa de un rescate.
La imposibilidad de localizar a la persona refuerza la credibilidad del engaño. Las autoridades han indicado que este tipo de fraude se apoya en la presión emocional, ya que el miedo y la urgencia dificultan que los familiares verifiquen la información antes de actuar.
Niños y adolescentes, los más vulnerables
En algunos casos, los delincuentes dirigen sus intentos hacia menores de edad, a quienes persuaden para salir de casa mediante engaños o promesas. Esta ausencia temporal permite construir una historia de desaparición que resulta convincente para sus familiares.
Un caso reciente, documentado en el Estado de México, evidenció este mecanismo. Un niño de 10 años fue convencido por teléfono de abandonar su hogar con el argumento de reencontrarse con su madre. Mientras el menor se trasladaba a otro punto, su padre recibió llamadas en las que le exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.
Horas después, el menor fue localizado en una gasolinera y resguardado por elementos de seguridad, lo que permitió descartar el secuestro y confirmar el intento de extorsión.
Ante este panorama, autoridades recomendaron verificar la identidad de quien realiza llamadas, evitar compartir información personal y mantener comunicación constante con familiares. También sugirieron establecer mecanismos de verificación internos, como palabras clave, que permitan confirmar situaciones reales.
La Policía Cibernética indicó que este tipo de delitos se apoya en la información disponible y en la rapidez con la que se desarrollan los contactos, por lo que insistió en la importancia de reducir la exposición de datos personales y reportar números sospechosos.
Golpes recientes a la extorsión telefónica
En este contexto, autoridades federales y estatales llevaron a cabo la Operación Desconexión en el Estado de México durante un periodo de 46 días, con el objetivo de intervenir redes dedicadas a la extorsión en su modalidad indirecta.
De acuerdo con información oficial, el operativo derivó en la detención de 102 personas y el aseguramiento de 67 centros telefónicos presuntamente utilizados para este tipo de actividades. Además, se identificaron cinco puntos vinculados con préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.
De acuerdo con las autoridades, las acciones incluyeron la ejecución de 86 operativos, así como el aseguramiento de 192 inmuebles, 206 establecimientos considerados giros negros y 14 puntos relacionados con la venta de estupefacientes.
Como parte de los trabajos, se revisaron mil 084 denuncias por extorsión registradas entre julio de 2025 y marzo de 2026. De ese total, el 62 por ciento correspondió a casos de extorsión indirecta, realizados mediante llamadas telefónicas, mensajes o plataformas digitales.
En cuanto a los detenidos, el reporte indica que 25 son mexicanos y 77 extranjeros, mientras que 60 fueron vinculados a proceso con prisión preventiva justificada.
El despliegue fue encabezado por el gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y locales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía estatal.
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