Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena de 34 años y 6 meses de prisión a Iván Arturo G. P., tras encontrarlo responsable de homicidio agravado en razón de género y robo en perjuicio de Mireya Rodríguez Lemus, activista trans en Chihuahua.
La resolución se dictó el martes 7 de abril durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, correspondiente a la causa penal 170/2021. Este fallo se emitió luego de que la justicia federal ordenara reponer el procedimiento, tras la absolución dictada en julio de 2022 por un tribunal integrado por tres jueces.
En el nuevo proceso participó una de las juzgadoras que formaron parte del tribunal original. La reposición permitió emitir una sentencia condenatoria y establecer las consecuencias legales correspondientes.
Reparación del daño en favor del padre de la víctima
El Tribunal fijó además medidas de reparación del daño a favor del padre de la víctima, Jesús Manuel Rodríguez Olivas. Entre ellas, ordenó evaluar y cuantificar el daño moral y psicológico, además de establecer un pago de 439 mil 612.80 pesos. También determinó montos adicionales por gastos funerarios, por 5 mil 212.80 pesos, y por el delito de robo, por 2 mil 606 pesos.
Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada presentó como testigo al padre de Mireya Rodríguez, quien expuso las afectaciones derivadas del crimen en distintos ámbitos, incluidos el emocional, económico y de salud.
El testimonio permitió al tribunal dimensionar el impacto del delito en el entorno familiar. El compareciente señaló dificultades para resolver asuntos cotidianos tras la muerte de su hija, así como afectaciones en su estado de salud y seguimiento psicológico.
El órgano jurisdiccional también tomó en cuenta elementos relacionados con la condición de la víctima, entre ellos su identidad como persona trans, su actividad laboral y su contexto económico. Asimismo, consideró que el agresor tenía acceso al domicilio de Mireya Rodríguez, lo que fue incorporado en la valoración del caso.
La audiencia se desarrolló en el Centro de Reinserción Social número 1 y se extendió por aproximadamente seis horas. Al inicio, la defensa solicitó que el acusado no permaneciera en la sala, bajo el argumento de posibles riesgos a su integridad. La jueza aceptó la petición al considerar el cambio de situación jurídica y la exposición pública del caso.
En el desarrollo de la diligencia participaron representantes de la Fiscalía, asesores jurídicos, familiares de la víctima y personas cercanas a Mireya Rodríguez, incluidas integrantes de un colectivo de mujeres trans.
Con esta resolución, el tribunal dio cumplimiento a la instrucción de la justicia federal de emitir una nueva determinación sobre el caso, incluyendo la individualización de la pena y la definición de medidas de reparación.
Detalles del crimen
El cuerpo de Mireya Rodríguez Lemus fue localizado la madrugada del 2 de septiembre de 2020 en el interior de su vivienda, en la ciudad de Chihuahua, con signos de violencia.
Su ausencia fue detectada desde el 29 de agosto de ese año, cuando dejó de presentarse en los espacios donde ejercía trabajo sexual y realizaba actividades de acompañamiento a otras mujeres trans. Integrantes de la organización a la que pertenecía acudieron a su domicilio días después; tras ingresar al inmueble, confirmaron el hallazgo.
El 11 de septiembre se emitió una orden de aprehensión contra el presunto responsable, la cual fue cumplimentada el 13 de septiembre de 2020. A partir de ese momento se integró la carpeta de investigación correspondiente.
Tras dos años de proceso judicial, el 8 de julio de 2022 el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua resolvió la liberación del imputado al identificar imprecisiones en uno de los resultados de la investigación. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua había integrado más de 70 elementos probatorios dentro de la carpeta del caso.
Semblanza de Mireya Rodríguez Lemus
Mireya Rodríguez Lemus fue defensora de derechos humanos de mujeres trans y trabajadoras sexuales en Chihuahua.
Fundó la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C. y se desempeñó como promotora de salud enfocada en VIH. Participó en iniciativas vinculadas al Fondo Mundial de lucha contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria, así como en proyectos comunitarios de atención y acompañamiento.
Formó parte del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt y participó en espacios nacionales sobre trabajo sexual. También impulsó la realización de encuentros estatales de mujeres trans en Chihuahua.
Entre sus acciones destaca la incidencia que derivó en la recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en la que se reconocieron derechos de mujeres trans y trabajadoras sexuales y se plantearon medidas para modificar operativos municipales en zonas de trabajo sexual.
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