
La organización Somos México respaldó la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de solicitar que la crisis de desapariciones en el país sea llevada ante la Asamblea General de la ONU, al considerar que se trata de un paso relevante para dimensionar el problema a nivel internacional.
En un comunicado fechado el 2 de abril de 2026, la organización calificó la medida como “inédita” y señaló que podría abrir la puerta a mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la atención del fenómeno en México.
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“Se abre la posibilidad de emplazar desde la Asamblea General al gobierno mexicano a realizar un esfuerzo de cooperación de alto nivel”, indicó.

Asimismo, subrayó que esta intervención internacional podría colocar en el centro los derechos de las víctimas, particularmente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Críticas a la postura del Estado mexicano
Somos México también cuestionó la reacción del gobierno federal frente al informe del organismo internacional, luego de que autoridades desestimaran sus conclusiones al calificarlas como parciales.
La organización consideró que esta respuesta minimiza la gravedad del problema y evidencia contradicciones en la política oficial, especialmente en lo relacionado con la disposición a colaborar con instancias internacionales.
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En su posicionamiento, señaló que el comité de la Organización de las Naciones Unidas ha documentado, a lo largo de varios años, información que apunta a la posible participación de funcionarios públicos en algunos casos, ya sea de manera directa o mediante autorización, apoyo o aquiescencia.
Además, criticó la estrategia de seguridad implementada en el país en los últimos años, al advertir que ha generado condiciones que favorecen la impunidad y dificultan el acceso a la justicia para las víctimas.
ONU eleva el caso y advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad
El respaldo de Somos México ocurre en el contexto de la decisión del comité de la ONU de activar el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
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El organismo concluyó que existen “indicios fundados” de que en México:
- Se han cometido desapariciones forzadas de manera reiterada
- Los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad
- Se han registrado ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil
El comité precisó que, aunque no encontró pruebas de una política estatal a nivel federal para cometer estos delitos, sí identificó elementos que sugieren la participación o tolerancia de autoridades en ciertos casos.

También aclaró que, conforme al derecho internacional, no es necesario que estos actos sean ordenados desde los niveles más altos del gobierno para ser considerados como crímenes de lesa humanidad, sino que basta con que formen parte de un patrón sistemático.
Dimensión de la crisis: fosas clandestinas y rezago forense
De acuerdo con información difundida por la ONU, la magnitud de la crisis en México se refleja en diversos indicadores que evidencian un problema estructural.
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Entre los principales datos destacan:
- Más de 4,500 fosas clandestinas localizadas en el país
- Alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar
- Miles de cuerpos recuperados sin lograr su identificación
El comité advirtió que, pese a las medidas implementadas en años recientes, no se observa una mejora sustancial en la situación.
Asimismo, señaló que las autoridades continúan rebasadas por la magnitud del problema, especialmente en materia forense, lo que limita la identificación de víctimas y el avance de las investigaciones.
Desapariciones en México: cifras y tendencias recientes
El contexto nacional confirma la persistencia de una crisis sostenida. De acuerdo con datos oficiales y organismos internacionales, en México se contabilizan más de 132,000 personas desaparecidas y no localizadas desde 2006.

En los últimos meses, informes han señalado un promedio de 91 desapariciones diarias, lo que refleja que el fenómeno continúa activo.
Además, el país concentra el 38% de las acciones urgentes por desaparición registradas a nivel mundial, con más de 800 casos documentados por la ONU entre 2012 y 2026.
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Las entidades con mayor incidencia incluyen Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas, donde se han registrado altos niveles de violencia y hallazgos de fosas clandestinas.
Ante este panorama, la ONU ha insistido en la necesidad de implementar reformas estructurales, fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar la rendición de cuentas.
En paralelo, colectivos de familiares mantienen un papel central en la localización de personas desaparecidas, en un contexto marcado por la falta de resultados institucionales y altos niveles de impunidad.
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