
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de incluir un nuevo capítulo que regule de manera integral la venta de boletos para espectáculos públicos. Esta propuesta, enviada para análisis a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, busca establecer obligaciones de transparencia y mecanismos claros para devoluciones, cancelaciones y cambios, bajo la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para proteger los derechos económicos de los ciudadanos y corregir prácticas abusivas en el sector.
“El consumidor tendrá derecho a solicitar la devolución del importe pagado o la cancelación de su asistencia al evento, conforme al procedimiento que establezca la Profeco en coordinación con los organizadores y empresas comercializadoras de boletos. Este mismo, deberá garantizar acceso claro, sencillo y no discriminatorio, plazos razonables y verificables para la devolución, y trámites digitales y presenciales accesibles para todas las personas.
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“Asimismo, el consumidor tendrá derecho a realizar al menos un cambio sin costo respecto a la fecha, horario, localidad equivalente o nombre del asistente, siempre que dicho cambio se solicite dentro de los plazos establecidos por la Procuraduría”, detalla un boletín de la Cámara de Diputados.

El nuevo capítulo VIII Ter, denominado “De la venta de boletos para espectáculos públicos”, contempla la obligación para toda sociedad lucrativa, persona física o moral encargada de la venta de boletos para conciertos, eventos deportivos, culturales o similares, de atender estrictamente las normas fijadas y sujetarse a la vigilancia de la Profeco, que ejercerá facultades de supervisión, verificación e imposición de sanciones administrativas.
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Cargos por servicio son injustificados
El texto de la diputada Sandoval Hernández enfatiza que cualquier sociedad dedicada a la venta de boletos estará obligada a suscribir un convenio de colaboración con la Profeco, donde se definan compromisos mínimos de transparencia, mecanismos específicos de atención al consumidor y procedimientos para devoluciones, cancelaciones y cambios sin costo, iniciativa que, según la legisladora, responde a la ausencia de reglas claras y coordinadas que ha favorecido la existencia de comisiones y cargos adicionales injustificados por parte de las plataformas, así como prácticas poco transparentes y limitaciones en el ejercicio de los derechos de los consumidores.
En palabras de la propia diputada, esta industria se ha convertido en un motor relevante de desarrollo, beneficiándose particularmente de la digitalización. No obstante, la carencia de regulación ha permitido que tanto empresas comercializadoras como plataformas digitales de boletería impongan comisiones excesivas y cargos por servicio que muchas veces no corresponden a un valor agregado real y que han generado un malestar sostenido entre asistentes a conciertos, quienes expresan su descontento en redes sociales y en foros públicos. La diputada sostiene que, en muchos casos, el cargo por servicio se añade de manera variable al precio del boleto, generando confusión sobre su justificación y aumentando considerablemente el costo final de acceso a los eventos.
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El marco regulatorio propuesto contempla también la prohibición explícita de cargos adicionales que no estén previstos o que no cuenten con autorización expresa de la Profeco, así como la obligación de informar de manera previa, visible y verificable todas las condiciones aplicables a los procedimientos de cancelación, devolución o cambio, incluyendo los eventuales cargos que resulten aprobados.
Profeco deberá vigilar a empresas de venta de boletos
Adicionalmente, Mónica Sandoval teoriza que la Profeco se consolidaría como autoridad competente para recibir y tramitar denuncias relacionadas con la venta de boletos, practicar verificaciones y, en su caso, dictar medidas correctivas y precautorias y aplicar sanciones administrativas conforme a la normatividad vigente.
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De acuerdo con el boletín oficial, el negocio de la reventa digital y la existencia de prácticas monopólicas por parte de empresas dominantes, combinado con lo que la legisladora llama precios dinámicos y la insuficiente regulación, han producido desigualdades crecientes en el acceso a la cultura y alimentado un debate público en torno a la urgente necesidad de intervenir los mercados mediante organismos reguladores.
Al justificar su iniciativa, Sandoval Hernández señala: “Se requiere hacer efectiva la intervención gubernamental en los mercados, instrumentada a través de organismos reguladores para corregir asimetrías y prevenir abusos contra el consumidor, asegurando el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales, y protegiendo los derechos económicos de los ciudadanos frente a prácticas comerciales desleales o coercitivas”.
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Para abordar las quejas constantes sobre comisiones de servicio abusivas, la propuesta exige la eliminación de cargos no autorizados y garantiza derechos de cambio y devolución que aseguren acceso equitativo y trato justo, tanto en entornos digitales como presenciales, para todos los compradores.
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