Más de 150 víctimas y al menos 120 colectivos de familias de personas desaparecidas de Coahuila, enviaron un pronunciamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer su preocupación por los despidos de Ministerios Públicos Federales en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF).
En el documento, las organizaciones exigieron la suspensión de los recortes de personal y la reincorporación de los agentes separados de sus funciones. Señalaron que la reducción de equipos afecta el desarrollo de las investigaciones, al tratarse de casos que requieren continuidad, especialización y coordinación entre distintas instancias.
Los colectivos advirtieron que la salida de personal ministerial puede impactar directamente en la integración de expedientes y en las acciones de búsqueda, lo que podría traducirse en retrasos en los procesos para localizar a personas desaparecidas y en el acceso a la justicia para las familias.
El pronunciamiento también fue dirigido a funcionarios del Gobierno federal y a titulares de instituciones vinculadas con la procuración de justicia y la atención a víctimas, entre ellos la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, las fiscalías especializadas en derechos humanos y desaparición forzada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como representantes del sistema nacional de seguridad y de organismos internacionales.
Búsqueda de personas requiere personal experimentado
En su petición, las familias señalaron que los Ministerios Públicos especializados desempeñan funciones centrales en estos casos, desde la integración de carpetas de investigación hasta la coordinación de operativos de búsqueda. Por ello, consideraron que la experiencia del personal es un elemento clave para el avance de los expedientes.
Además de la reinstalación del personal, los colectivos solicitaron fortalecer la fiscalía con recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes, así como garantizar capacitación continua y condiciones de estabilidad laboral.
El documento plantea también la necesidad de establecer mecanismos de evaluación del desempeño que incluyan la participación de las víctimas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento institucional a partir de su experiencia en los procesos de búsqueda.
Asimismo, pidieron la apertura de un diálogo directo con la presidenta y con la Fiscalía General de la República, con el fin de abordar la situación y construir acuerdos sobre el funcionamiento de la fiscalía especializada.
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