A más de dos meses del desalojo del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, el caso continúa generando resoluciones clave y posturas encontradas. Esta semana, el Poder Judicial de la Federación determinó negar la suspensión definitiva solicitada por el refugio y otra organización vinculada, lo que permite a las autoridades capitalinas avanzar en la adopción de los 936 perros rescatados.
La decisión fue emitida por el Juzgado Sexto en Materia Administrativa, que consideró que frenar este proceso iría en contra del bienestar de los animales. En su resolución, el juez fue claro: impedir que los perros encuentren un hogar limitaría sus oportunidades de recibir mejores cuidados, afecto y condiciones de vida más dignas que las que actualmente tienen bajo resguardo.
Desde el operativo realizado en enero, los animales han permanecido en distintas instalaciones del Gobierno capitalino, en espera de una definición legal sobre su futuro. Con este fallo, ese periodo de incertidumbre comienza a disiparse, al abrirse formalmente la puerta a su adopción.
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, involucrada en la disputa por el terreno donde operaba el refugio, respaldó la resolución judicial. Su representante legal, Fernando García Juárez, sostuvo que no existe base jurídica para devolver a los animales a un entorno donde, según las investigaciones, se registraron irregularidades. Además, calificó los recursos legales promovidos por el refugio como intentos por retrasar las decisiones de fondo.
El origen del conflicto se remonta a denuncias por presunto maltrato, abandono y falta de cuidados adecuados dentro del refugio. Incluso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en su momento sobre la muerte de al menos 21 animales antes del rescate, lo que intensificó la atención pública sobre el caso.
Actualmente, los perros rescatados se encuentran distribuidos en diferentes espacios: algunos en el Ajusco, otros bajo el resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal y un grupo más en instalaciones de atención en Gustavo A. Madero. En estos lugares reciben alimentación, atención médica y seguimiento mientras se define su integración a nuevos hogares.
Sin embargo, el proceso está lejos de cerrarse. El Refugio Franciscano ha señalado que la resolución aún puede ser impugnada y sostiene que la adopción de los animales podría interferir con procedimientos legales en curso. Esta postura ha sido respaldada por algunos grupos de activistas, quienes han salido a las calles para exigir el regreso de los perros al refugio.
Mientras tanto, las autoridades capitalinas se preparan para implementar esquemas de adopción responsable, en medio de un debate que combina temas legales, bienestar animal y participación social. El destino de los llamados “franciscanitos” comienza a definirse, pero el caso aún mantiene abiertos varios frentes legales y sociales.
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