Buscan tipificar la violencia de género en el deporte con penas de prisión en el Estado de México

Un proyecto presentado en el Congreso del Estado de México propone que quienes incurran en agresiones contra mujeres dentro del ámbito deportivo enfrenten penas de hasta tres años de prisión, una medida que busca transformar el reconocimiento legal de la violencia de género en actividades físicas, tras una histórica invisibilización de estos episodios.

La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Figueroa Adame y su grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, responde a una realidad documentada en la que la discriminación y la hostilidad siguen afectando gravemente a la participación femenina en el deporte.

El texto de la propuesta legislativa estipula la tipificación de la violencia en el deporte como una modalidad específica de violencia de género en el Código Penal estatal. De acuerdo con el contenido de la iniciativa, la sanción penal sería de seis meses a dos años de cárcel y una multa de 50 a 300 días.

La pena aumentaría en un cincuenta por ciento —hasta alcanzar un máximo de tres años— si la conducta se cometiera por parte de entrenadores, directivos, jueces, árbitros, personal administrativo o cualquier persona que ostente una posición de poder o confianza dentro del entorno deportivo.

Durante la exposición del proyecto ante la LXII Legislatura, Figueroa Adame describió una amplia gama de agresiones frecuentes en el entorno deportivo que van desde la discriminación y el acoso sexual hasta la exclusión, la violencia simbólica y la violencia económica. En este contexto, subrayó que estas prácticas persisten más allá de simples incidentes aislados y constituyen una manifestación histórica de desigualdad que ha quedado oculta a pesar de su extensión.

El proyecto de reforma, coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, también incluye modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Cultura Física y Deporte estatales. Las definiciones contemplan tanto acciones como omisiones que provoquen daño físico, psicológico, simbólico, institucional o económico, y delinean responsables que van desde deportistas y entrenadores hasta funcionarios, aficionados y organizadores, dentro o fuera de instalaciones relacionadas con el deporte.

Los actos incluidos bajo esta nueva figura penal abarcan acoso, hostigamiento, discriminación, abuso, violencia sexual y cualquier otra forma de violencia de género dirigida a niñas, adolescentes y mujeres vinculadas a la práctica deportiva. La propuesta coloca la violencia en el deporte como una de las formas jurídicas reconocidas dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, citado en el documento presentado, aporta cifras que dimensionan la incidencia y variedad de agresiones: “El 78 % de las violencias contra mujeres en el deporte proviene de la afición; el 45 % de los directivos y el mismo porcentaje de jugadores varones han incurrido en conductas violentas, mientras que la discriminación de género se presenta en un 54 %.” Estas estadísticas, incluidas en la exposición de motivos del proyecto, evidencian la persistencia y el carácter multifactorial del fenómeno que las legisladoras buscan combatir.

La iniciativa de Figueroa Adame prevé sanciones más severas cuando la agresión parte de figuras con autoridad, como entrenadores o directivos. El agravante eleva la pena máxima hasta tres años de prisión, reflejando la gravedad adicional de un abuso de poder en el entorno deportivo.

Además de la pena privativa de libertad, la legislación establece multas económicas de hasta 300 días, lo que, junto a la prisión, crea un régimen penal inédito para delitos de violencia de género en el deporte en el Estado de México. La propuesta responde, según la autora, a la urgente necesidad de transformar el marco legal a la luz de la permanencia de prácticas discriminatorias y violentas, que atentan contra el derecho de mujeres y niñas a ejercer plenamente su potencial en actividades físicas y competitivas.

De acuerdo con las estadísticas, el 45 % de los directivos y el mismo porcentaje de jugadores varones han protagonizado conductas violentas, mientras que la discriminación de género afecta al 54 % de las deportistas.

Estos datos refuerzan la exposición de motivos de la diputada Figueroa Adame, quien en tribuna advirtió sobre la normalización de la violencia en el entorno deportivo, muchas veces justificada bajo la idea de la disciplina estricta. Como objetivo central, la iniciativa busca revertir este fenómeno y consolidar el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una participación segura y respetuosa en el ámbito deportivo estatal.