CDMX responde a polémica tras derrumbe en San Antonio Abad y señala a la alcaldía Cuauhtémoc

El Gobierno de la Ciudad de México respondió a la polémica generada tras el fallecimiento de tres trabajadores en el inmueble de San Antonio Abad 124, detallando los procedimientos administrativos y aclarando versiones confusas sobre el caso.

Hace unos días Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, rechazó que su administración sea responsable del derrumbe y aseguró que el gobierno de CDMX otorgó los permisos de demolición.

Ante las versiones surgidas, la administración capitalina confirmó, a través de un comunicado, que el edificio presentaba daños graves desde los sismos de 2017, situación avalada por un dictamen oficial de 2018. A raíz de ese diagnóstico, los dueños fueron notificados de la obligación de gestionar la demolición.

El accidente en el predio de la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, motivó la intervención inmediata de las autoridades, quienes pusieron en marcha acciones de rescate, atención técnica y apoyo a las familias afectadas. Estas recibieron asistencia psicológica, hospedaje y respaldo legal, mientras se garantiza que recibirán las indemnizaciones legales.

El proceso administrativo a cargo de la propiedad fue objeto de aclaración por parte de Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, quien subrayó que la Comisión para la Reconstrucción solo puede facilitar trámites fiscales o administrativos en inmuebles privados con uso no habitacional. “La aplicación de estas facilidades no es un permiso y no exenta a nadie de seguir los pasos normativos en materia de construcciones y demoliciones”, sentenció el funcionario.

Atribuciones legales y responsabilidades de la alcaldía

Muñoz Santini recordó que la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones otorgan a las alcaldías la atribución exclusiva para registrar obras, otorgar permisos y supervisar el cumplimiento de las autorizaciones en materia de construcción y demolición.

El 20 de octubre de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc - a cargo de Alessandra Rojo de la Vega- fue notificada formalmente sobre la aplicación de facilidades administrativas a los propietarios, con la consigna de actuar conforme a la normativa vigente.

En ese documento se dejó claro que, si la alcaldía autorizaba la demolición, debía asegurarse de que el particular cumpliera requisitos como presentar un programa de demolición avalado, plan de Protección Civil, póliza contra daños a terceros y medidas de protección a colindancias.

“Se explicita a la alcaldía que, en caso de autorizar la demolición, debería asegurarse, como la ley le obliga, de que el particular contara con un programa de demolición avalado por un director responsable de obra, un programa de Protección Civil, una póliza que cubriera daños a terceros y medidas de protección a colindancias”, precisó el secretario.

La alcaldía informó el 12 de noviembre de 2025 que había recibido notificación del inicio de trabajos por parte de la empresa constructora y que se aplicaron las facilidades previstas, vigilando el cumplimiento de la ley.

Debate sobre documentos y licencias en el caso San Antonio Abad

Sobre un oficio presentado por la alcaldía y fechado el 25 de septiembre, el secretario aclaró que no corresponde a una negativa de licencia de demolición.

“Se trata de la respuesta a una solicitud del trámite llamado Publicitación Vecinal para Licencia de Construcción Especial de Demolición. En ese documento se le solicita a la empresa entregar planos, subsanar observaciones, entregar memorias técnicas y otros documentos, dándole para ello cinco días hábiles sin negarle la licencia en ningún momento”, explicó.

El funcionario enfatizó que no es posible, a partir de ese oficio, determinar si la licencia fue negada o autorizada, por lo que corresponde a la alcaldía informar sobre las decisiones tomadas.

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que colaborará con las autoridades pertinentes para que cualquier intervención en el inmueble se realice bajo el marco legal y con transparencia.

La Fiscalía General de Justicia capitalina llevará la investigación para deslindar responsabilidades. Muñoz Santini cerró su declaración con un llamado a la transparencia: “Es muy importante que se rindan cuentas ante la FGJ; es una responsabilidad de todas y de todos para que así se puedan deslindar responsabilidades”.