Estado de México aprueba sanciones de hasta ocho años de prisión contra violencia vicaria

El Estado de México sancionará con hasta ocho años de prisión la violencia vicaria, delito en el que un hombre utiliza a hijas, hijos o personas cercanas para dañar psicoemocional o físicamente a una mujer, además de establecer medidas como pérdida de patria potestad, multas y tratamiento psicológico para quienes resulten responsables.

La reforma integral, aprobada en el Congreso local antes del 8 de marzo, responde a una demanda histórica de organizaciones y colectivos que denunciaron la impunidad y la minimización de este tipo de violencia, según detalló el Congreso del Estado de México en su última sesión plenaria.

La resolución legislativa contempla hasta mil 500 días de multa y la pérdida de derechos parentales para el agresor, además de atención psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica o reeducativa obligatoria. La modificación legal fue votada tras integrar seis iniciativas de diputadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conjunto, las propuestas visibilizan modelos de violencia profundos, en los que el agresor —ya sea cónyuge, ex cónyuge, pareja o ex pareja— instrumentaliza a los propios hijos, familiares o incluso seres sintientes con el único fin de mantener el control o “castigar” a la mujer.

¿Qué dice la reforma?

El decreto aprobado modifica los códigos Penal y Civil, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La diputada Zaira Cedillo Silva (Morena) relató desde tribuna casos recientes en que madres fueron separadas de sus hijos mediante la fabricación de delitos.

El texto legal describe conductas tales como amenazar con dañar o desaparecer a los hijos, obtener información sobre la madre a través de ellos, incitar o promover actos de violencia física o psicológica de los menores contra su madre, ocultarlos, retenerlos o sustraerlos fuera de su hogar y condicionar la manutención económica.

También incluye la utilización de acciones legales basadas en hechos falsos para conseguir la guarda y custodia, cuidado o pérdida de la patria potestad, así como dilaciones procesales injustificadas y cualquier acción dirigida a dañar a la mujer.

A quien se le atribuya el delito, la autoridad podrá ordenar la suspensión de la convivencia con los menores si se acredita cualquier tipo de violencia, restableciéndose únicamente con la aprobación positiva de especialistas y previa reeducación en crianza positiva.

Si la persona es reincidente o incurre en castigos corporales, humillaciones o abandono de obligaciones alimentarias, la ley habilita la pérdida total de la patria potestad, decisión que sólo podrá revertirse mediante valoraciones psicológicas y sociales favorables más el visto bueno oficial.

Un dictamen contra la impunidad y la violencia de género

Las reformas ordenan al Ministerio Público que exhorte al acusado de violencia vicaria a abstenerse de cualquier acto ofensivo y que adopte medidas precautorias para resguardar la integridad física o psíquica de la víctima.

El dictamen contempla la coexistencia de custodia y cuidado en centros de asistencia social cuando los menores hayan sido víctima de violencia familiar; en este caso, la patria potestad se informa únicamente a quien no se encuentre ligado al evento violento.

En el Código Civil, la violencia vicaria es ahora reconocida como una forma análoga de violencia que vulnera la dignidad, libertad e integridad física y psicológica del grupo familiar. Además se deroga la antigua definición de violencia familiar centrada solo en el abuso de poder o la omisión intencional, ampliando la mirada hacia relaciones con o sin vínculo formal.

Durante el debate, la congresista Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) y Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, destacaron el alcance de justicia y la inclusión de la perspectiva de género y de infancia en la normativa.

Por el PVEM, la diputada Miriam Silva Mata pidió una justicia expedita y sensible para quienes han sido separados de sus hijos e hijas, y Selina Trujillo Arizmendi (Morena) subrayó que esta violencia por años fue “invisibilizada, minimizada y confundida con conflictos familiares”. Con la reforma, “la LXII Legislatura mexiquense asume una responsabilidad histórica y coloca al Estado de México a la vanguardia de la protección integral de las mujeres”, sentenció Trujillo.

La decisión parlamentaria se dio ante mujeres organizadas, representantes de la sociedad civil y familiares de víctimas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reforzando el compromiso legislativo contra la impunidad y la garantía de que ninguna niña o niño vuelva a ser instrumento de venganza.