A dos años de la represión en contra comunidad originaria de Xochimilco y Otomí, CDHCM responsabiliza a SSC, Alcaldía y Fiscalía

Tras la represión que vivieron miembros de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco en frente de las instalaciones de la alcaldía de Xochimilco durante una protesta en defensa de la activista Hortensia Telésforo—acusada por el presunto delito de despojo— y reprimida por parte de autoridades locales el pasado 5 de septiembre de 2024.

Alrededor de 27 personas fueron violentadas físicamente y hubieron 5 personas detenidas de forma irregular, entre ellas defensoras de Derechos Humanos y periodistas comunitarios.

Han pasado dos años, donde la comunidad originaria de San Gregorio Atlapulco y Otomí, no han dejado de exigir justicia y deslinde de responsabilidades.

Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) exhortó a los funcionarios de la alcaldía Xochimilco a: reconocer públicamente su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública a las víctimas de violaciones de derechos humanos, según la recomendación 01/2026 emitida el pasado 26 de febrero.

La recomendación surge para reparar las afectaciones sufridas, asegurar garantías de no repetición y fortalecer la respuesta institucional ante protestas sociales en entornos comunitarios e indígenas.

Recomendación de la CDHCM a favor de los derechos Humanos de la comunidad de San Gregorio Atlapulco

El informe emitido por la CDHCM responsabiliza directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX), la Alcaldía Xochimilco y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como las corresponsables de las violaciones documentadas.

“La aceptación de esta Recomendación y la disposición a cumplirla, más que una obligación jurídica, es un mensaje político fundamental, una señal de que el poder acepta los límites que la democracia impone”, señaló Dolores Gonzáles Saravia, presidenta de la Comisión durante la presentación del informe en la Casa del Pueblo “Tlamachtiloyan”.

Autoridades omitieron proteger la protesta y permitieron agresiones

Sofía de Robina, titular de la Primera Visitaduría General, dijo que las autoridades no protegieron a los manifestantes y permitieron que personas ajenas al movimiento interrumpieran la manifestación con agresiones, lo que representa una violación al derecho a la manifestación.

Además, la CDHCM encontró que algunos policías de la SSC CDMX hicieron uso indebido de su fuerza durante la detención de las personas defensoras.

También señaló que la Fiscalía General de Justicia capitalina siguió con investigaciones sin revisar si las detenciones habían sido correctas, lo que significa “una falta de debida diligencia”.

Destacó el informe que, ya en la Agencia de Coordinación Territorial de Tlalpan, agentes policiales recurrieron al uso excesivo y desproporcional de la fuerza contra quienes exigían la liberación de los detenidos.

Víctimas y líderes comunitarios exigen verdad y justicia

Durante la ceremonia, víctimas y representantes de la comunidad compartieron sus testimonios acerca de las experiencias vividas y los impactos sufridos.

Hortensia Telésforo manifestó que los derechos de los pueblos originarios son resultado de largas luchas por la dignidad y no concesiones otorgadas por el Estado.

Alejandro Velázquez Zúñiga enfatizó que las amenazas dirigidas a quienes defienden el territorio evidencian un ambiente de presión constante sobre los movimientos comunitarios, y destacó que la justicia implica el reconocimiento pleno de la autonomía y la organización de estas comunidades.

Por su parte, Anselma Margarito Francisco, una de las personas afectadas, exigió el esclarecimiento de los hechos, justicia y la implementación de garantías que eviten la repetición de estos acontecimientos, conforme a los principios de reparación integral contenidos en la Recomendación 01/2026.

¿Qué deben de hacer las autoridades señaladas como responsables en omisión de derechos humanos?

Tanto la SSC CDMX, alcaldía Xochimilco y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según sus capacidades, deberán implementar diversas acciones:

• Pedir una disculpa pública.
• Hablar y dialogar entre la alcaldía Xochimilco y la Asamblea General Permanente sobre la formalización de la Tlamachtiloyan así como la introducción de indicadores para supervisar el Protocolo General de Actuación Policial.
• Revisar si las detenciones fueron legales y determinar la situación jurídica de las cinco personas detenidas.
• Investigar a fondo lo que sucedió para deslindar responsabilidades.

Qué convocó a la manifestación del 5 de septiembre de 2024: contexto y relación con violaciones a derechos humanos

La protesta del 5 de septiembre de 2024 surgió en solidaridad con Hortensia Telésforo, activista de San Gregorio Atlapulco, denunciada penalmente por la alcaldía bajo el cargo de despojo.

La Asamblea General Permanente de Atlapulco atribuye la denuncia a la recuperación de la biblioteca antes llamada, “Adolfo López Mateos”, rebautizada como “Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”. El inmueble permanecía cerrado desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, por presuntos daños estructurales.

En 2018, el entonces edil de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz —actualmente diputado con licencia—, impulsó el proyecto “La Casita de la Ciencia”, que formaría parte de la ruta del Corredor Turístico Oriente Tulyehualco-Nativitas ‘’Hueyotlipan Tepentenchi’’y por el cual solicitó al Congreso Capitalino, 80 millones de pesos adicionales al presupuesto estimado para el 2024, de lo cual 7 millones de pesos se invertirán para acciones de mantenimiento, difusión y conservación del espacio.

Hasta 2022, el desarrollo continuaba sin concretarse, lo que llevó a la diputada Xóchitl Bravo a cuestionar a Ruiz, según reporte de La Crónica, quien prometió una pronta inauguración y mencionó vínculos con la comunidad y proyectos para promover la riqueza ambiental y cultural de la zona. Finalmente, el museo nunca abrió sus puertas.

Durante ese periodo, vecinos denunciaron en redes sociales que el inmueble, aún sin inaugurarse, se utilizaba para fiestas privadas. Ante ello, la Asamblea General Permanente de Atlapulco convocó a la comunidad para recuperar la biblioteca.

Posteriormente, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese entonces por Martí Batres, formalizó un acuerdo que otorgaba la gestión del espacio a los pobladores de San Gregorio Atlapulco. La alcaldía Xochimilco no reconoció ese acuerdo, argumentando que había invertido recursos y tenía planes distintos para el lugar.