
El secuestro de diez trabajadores vinculados a un proyecto minero en Concordia, Sinaloa —cinco de ellos hallados sin vida y otros cinco aún desaparecidos— ha marcado uno de los episodios más graves de violencia reciente en la región, en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.
A partir de ese hecho, testimonios de empleados y familiares de víctimas han puesto el ojo sobre el actuar de la empresa minera canadiense Vizsla Silver, a quienes señalan de presuntas omisiones alrededor de la crisis.
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Qué pasó con los mineros secuestrados
El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en el campamento residencial La Clementina, en Concordia, secuestrando a diez trabajadores vinculados al proyecto minero de Vizsla Silver. Las víctimas eran ingenieros, geólogos, personal de seguridad y responsables de relaciones comunitarias.

Días después, cinco de los mineros fueron hallados sin vida en fosas clandestinas; otros cinco siguen sin ser localizados. Las autoridades forenses han identificado cinco cuerpos y continúan las labores de búsqueda y exhumación en al menos cinco fosas clandestinas descubiertas en la región.
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El contexto es de alta violencia: Concordia y sus alrededores están dominados por células del crimen organizado, en particular por Los Chapitos, liderados en esa zona por Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, y su hermano Gabriel Nicolás, “Gabito”.
Los testimonios de trabajadores y familiares revelan que las amenazas y advertencias eran conocidas, pero Vizsla Silver priorizó mantener el proyecto en marcha aun con la región en crisis.
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Cuales fueron las omisiones de Vizsla Silver
Según los testimonios de mineros y familiares de las víctimas, hubo al menos ocho principales omisiones por parte de la minera canadiense:
1. Ignorar alertas y amenazas del crimen organizado
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Un año antes del secuestro, mineros de Vizsla Silver en Concordia vivieron bajo amenaza directa del crimen organizado. Según testimonios de trabajadores, los grupos armados les advertían reiteradamente que dejaran de operar en la zona.
“Por favor, sálganse, que no podemos garantizar su seguridad”, fue el mensaje que recibieron en distintas ocasiones mientras realizaban trabajos de campo. Estas advertencias no fueron aisladas: los mineros reportaron a sus supervisores y directivos la presencia constante de vehículos sospechosos, drones y retenes armados en caminos y accesos a la mina.
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La presión de los propios empleados fue lo que forzó un paro técnico en abril de 2025, pero las actividades se reanudaron menos de un mes después.
La esposa de una de las víctimas confirmó en entrevista con Azucena Uresti que su pareja fue interceptada y advertida por hombres armados mientras se dirigía al trabajo: “En las instalaciones de la mina sí había tenido un encuentro con ellos, pero fue de que un día y, y le dijeron: ‘No, pues no, no andes en estos rumbos y regrésate’.”
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Sin embargo, la empresa optó por minimizar el peligro y priorizar la continuidad del proyecto.
2. No reforzar la seguridad ni implementar protocolos de protección
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Los mineros y familiares coinciden en que no se establecieron protocolos reales de seguridad ni se tomaron medidas ante la presencia de vehículos sospechosos, drones y retenes armados.
“No se nos dio ningún tipo de protección, se pudo haber tomado una decisión completamente distinta. La empresa sabía perfectamente la situación de la región”, relató un minero en entrevista con Reporte 100 Sonora.
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3. Retomar actividades tras el paro técnico, sin garantías
En abril de 2025, los empleados forzaron un paro técnico ante la inseguridad, pero la empresa reanudó actividades en menos de un mes, a pesar de la violencia y los desplazamientos masivos en Concordia.
La decisión de regresar al trabajo fue unilateral y sin consultar ni garantizar condiciones seguras. Además, sólo hay un comunicado de los hechos, pero no una denuncia ante las autoridades.
Trabajadores que manifestaron preocupación o se negaron a trabajar por seguridad fueron descalificados y tachados de “flojos” o “miedosos”.
4. Demora y falta de claridad en notificación de secuestros

El día del secuestro, Vizsla Silver tardó casi diez horas en notificar a las familias, y la denuncia a las autoridades se hizo hasta días después.
“Desde que ellos se enteran del hecho, que fue a las siete de la mañana, nos notifican a nosotros a las cinco y media de la tarde”, detalló Jaime Castañeda en Aristegui Noticias.
El reporte inicial a las autoridades también fue ambiguo y cambió varias veces el número de víctimas: primero les dijo que habían sido cinco los secuestrados, después seis y finalmente diez. “Ha habido una serie de imprecisiones de la empresa”, lamentó.
Los familiares también señalaron que, al recibir la noticia, no se les ofreció acompañamiento psicológico ni institucional, sino solo un mensaje escueto de la empresa.
5. Falta de cooperación plena en la investigación
De acuerdo con Jaime Castañeda, quien también es abogado y representa a la familia del minero José Manuel Castañeda, Vizsla Silver no entregó a las autoridades información vital, aunque confirmó tener estos sistemas en el complejo minero.
“No han proporcionado esas cámaras, ni la información sobre los vehículos, ni contaban con un sistema de GPS, y tampoco han presentado las bitácoras y listas de personal”, denunció Jaime Castañeda.
6. Silencio impuesto a empleados y familias

Mineros dijeron a Reporte 100 Sonora que la empresa pidió a empleados y familias que no hablaran ni denunciaran públicamente el caso: “A algunos compañeros los han estado hostigando por WhatsApp y espiando en redes sociales. Que no hablemos porque puede tener repercusiones en nuestros trabajos”, narraron.
A las familias se les pidió evitar la exposición mediática, argumentando que podría poner en riesgo a los secuestrados porque supuestamente estaban negociando su rescate.
7. Falta de apoyo y acompañamiento a víctimas y familias
Tras el secuestro, las familias de los mineros no recibieron acompañamiento ni comunicación clara por parte de la empresa. “No hemos recibido apoyo ni información clara de la empresa ni de las autoridades”, lamentan familiares.
8. Comunicados tardíos, imprecisos y evasivos
El primer comunicado de la empresa sobre el secuestro fue escueto y se emitió cinco días después de la desaparición. Liego hubo un segundo comunicado en donde se apuntó que la FGR estaba a cargo de las indagatorias y que concentrarían su esfuerzo para localizar a los mineros que aún no habían sido hallados.
Familia podría denunciar a Viszla Silver
Hasta ahora, han sido localizadas al menos cinco fosas clandestinas en El Verde y comunidades cercanas. Cinco mineros han sido identificados y sus restos trasladados a sus lugares de origen en Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero; otros cuerpos siguen en proceso de identificación.

Familiares y colectivos de búsqueda exigen claridad, acompañamiento institucional y justicia.
Hasta ahora, sólo Jaime Castañeda, hermano y abogado de José Manuel Castañeda, ha declarado públicamente que él y su familia van a denunciar por la vía penal y civil a Vizsla Silver, y que, de ser necesario, llevarán el caso ante instancias internacionales.
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