
Como parte de la estrategia integral para recuperar la paz en el territorio mexiquense, el Gobierno del Estado de México mantiene activa la “Operación Bastión”, un despliegue interinstitucional orientado a golpear la infraestructura utilizada por organizaciones delictivas y debilitar su capacidad operativa, financiera y territorial.
El operativo se desarrolla bajo el modelo de seguridad instruido por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, alineado a la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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En él participan autoridades de los tres órdenes de gobierno con un enfoque de inteligencia, investigación patrimonial y actuación judicial coordinada.
Operativo en la zona sur de la entidad

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hasta el momento se han ejecutado 21 órdenes de cateo en los municipios de Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Sultepec, regiones donde se detectó la presencia de inmuebles presuntamente utilizados como centros de operación de grupos criminales.
Las investigaciones permitieron identificar ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia que funcionaban como espacios para el resguardo de personas armadas, almacenamiento de armas y droga, planeación de delitos e incluso como refugio tras la comisión de hechos violentos. En varios casos, dichos bienes estaban registrados a nombre de prestanombres, con la intención de ocultar el origen ilícito de los recursos.
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El despliegue operativo involucra a la FGJEM, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el acompañamiento del Poder Judicial del Estado de México, que autoriza y supervisa cada intervención para garantizar el respeto al debido proceso.
Desarticular predios que son usados como bases logísticos

Autoridades estatales explicaron que el objetivo central de “Bastión” no es solo la detención de objetivos criminales, sino desarticular las bases logísticas que permiten a los grupos delictivos controlar territorios, financiarse y generar violencia. Al retirarles inmuebles y recursos, se reduce su margen de acción y se facilita la recuperación de comunidades.
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Como resultado de los cateos, se han iniciado procesos de extinción de dominio sobre diversos bienes asegurados. Este mecanismo jurídico permite que las propiedades pasen a manos del Estado cuando se acredita que fueron utilizadas para actividades ilícitas, evitando que vuelvan a operar como centros de protección o financiamiento criminal.
La administración estatal destacó que esta operación forma parte de un esquema más amplio de combate al delito, que incluye otros despliegues como “Enjambre”, “Atarraya”, “Fortaleza” y “Restitución”, cada uno enfocado en fenómenos específicos: desarticulación de células generadoras de violencia, combate a la extorsión, recuperación de espacios públicos y atención a víctimas.
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Especialistas en seguridad consideran que el enfoque patrimonial es clave, ya que durante años el combate se centró solo en detenciones, sin afectar las estructuras económicas de las organizaciones.
El gobierno del Estado de México reiteró que la “Operación Bastión” continuará de manera indefinida y que los cateos se ampliarán a otras regiones conforme avancen las carpetas de investigación. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier inmueble sospechoso.
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