
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, permanece bajo custodia federal en Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, donde pasará su primera noche en prisión tras su detención por presuntos actos de extorsión y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención del presidente municipal, militante de Morena, ocurrió la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026 durante un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)y la Fiscalía General de la República (FGR),
El registro oficial de la detención fue a las 6:52 a.m., y su ingreso al penal del Altiplano se realizó alrededor de las 15:30 horas, pero la información fue confirmada hasta la noche.
¿Cómo fue la captura del alcalde de Tequila?
La captura del funcionario fue resultado de la Operación Enjambre, una estrategia lanzada en noviembre de 2024 para combatir redes de corrupción y extorsión en gobiernos municipales.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la aprehensión del alcalde y de tres funcionarios municipales: Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas.
Todos enfrentan acusaciones de extorsionar a empresarios y comerciantes, incluidas empresas tequileras y cerveceras, pilares económicos regionales.
El operativo incluyó cinco cateos simultáneos en diversos inmuebles de Jalisco. Según el Ministerio Público Federal, el edil no actuaba solo y presuntamente lideraba una estructura criminal incrustada en el Ayuntamiento de Tequila.
Una de las pruebas principales es el intento de extorsión a la empresa José Cuervo, a la que se exigieron hasta 40 millones de pesos para evitar trabas administrativas. Además, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que al menos 10 empresas más, entre hoteles y tequileras, denunciaron extorsión por parte del ayuntamiento.
Los escándalos de Diego Rivera
Diego Rivera Navarro fue el primer alcalde de Morena en Tequila, tras años de dominio del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Asumió el cargo en octubre de 2024 bajo la coalición Juntos Haremos Historia, integrada también por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

El historial de denuncias contra Rivera Navarro incluye señalamientos por uso indebido de instalaciones públicas, acoso político y cobro ilegal de cuotas a empresas del municipio.
En octubre de 2024, el alcalde cerró el Museo Nacional del Tequila para uso personal, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En diciembre de 2025, la tequilera José Cuervo denunció al ayuntamiento por un cobro excesivo de predial y una multa superior a 60 millones de pesos. Además, se documentaron despidos injustificados de al menos 250 familias, y la obligatoriedad de usar uniformes partidistas de Morena dentro del ayuntamiento.
Al interior del cabildo, regidoras del PRI y Morena denunciaron en diciembre de 2025 al alcalde por acoso político y violencia de género no sexual.
El Altiplano, símbolo de máxima seguridad

El penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, es considerado el centro de máxima seguridad más importante del país. Ahí son internados presuntos líderes del crimen organizado, operadores financieros y funcionarios acusados de delincuencia organizada o delitos de alto impacto.
Entre sus muros han estado figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y Osiel Cárdenas Guillén, así como exfuncionarios procesados por corrupción. El penal adquirió notoriedad internacional tras la fuga de El Chapo en julio de 2015, quien escapó a través de un túnel excavado desde el exterior hasta su celda, lo que evidenció fallas estructurales y redes de complicidad al interior del sistema penitenciario federal.
El inmueble cuenta con paredes de hasta un metro de espesor, sistemas de videovigilancia permanente, controles electrónicos de acceso, celdas individuales y un régimen de aislamiento estricto. El espacio aéreo se encuentra restringido y las comunicaciones están limitadas en un radio aproximado de diez kilómetros a la redonda, como parte de los protocolos para evitar fugas y la coordinación de actividades criminales desde el interior.
Actualmente, el Altiplano opera bajo un régimen especial de custodia federal, con traslados internos controlados, visitas restringidas y monitoreo constante, lo que lo mantiene como uno de los penales más vigilados del país.
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