La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que corresponde a los gobiernos estatales atender los casos vinculados con extorsión en San Pedro Garza García, Nuevo León, al tratarse de delitos del fuero común que requieren la intervención directa de las fiscalías locales y de las corporaciones de seguridad municipal y estatal.
Durante su conferencia matutina, el tema volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que se evidenciara la falta de respuesta de autoridades locales frente a denuncias públicas realizadas por comerciantes y empresarios del municipio, quienes han alertado sobre prácticas de cobro de piso y extorsiones que estarían afectando la actividad económica en una de las zonas con mayor dinamismo financiero del país.
La mandataria fue cuestionada por el caso de Jorge Hernández Chávez, alias “El Coque”, y Gerardo Salazar, alias “La Muñeca”, identificados por instancias de seguridad como presuntos líderes del grupo criminal conocido como “La Oficina”.
De acuerdo con información expuesta durante la misma conferencia, ambos sujetos fueron detenidos en 2025 en posesión de armas y droga, dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-NL/0000434/2025, sin embargo, posteriormente fueron liberados por un juez federal, situación que ha generado inconformidad y preocupación entre representantes del sector privado que exigen resultados concretos.
Señalan falta de avances pese a seguimiento federal
En el intercambio con medios, también se informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) designó a Omar Salazar Escobar para dar seguimiento al caso; no obstante, hasta el momento no se han reportado avances sustantivos, lo que mantiene el reclamo de empresarios que denuncian que las extorsiones continúan operando en la zona.
Sheinbaum reconoció que el gobierno federal mantiene labores de coordinación, pero insistió en que la ruta legal para perseguir la extorsión recae principalmente en autoridades estatales, por tratarse de un delito que se investiga a nivel local.
En ese contexto, la presidenta hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, encabezada por Javier Flores Saldívar, así como a la policía municipal, para que se actúe con mayor contundencia.
“Tiene que haber una respuesta de las autoridades estatales”, subrayó al insistir en que la coordinación federal se mantiene abierta, pero requiere una contraparte firme por parte del estado.
Sheinbaum sostuvo que, si bien su administración brinda apoyo en lo que sea necesario, muchos de estos ilícitos dependen del trabajo inmediato de instancias locales, que son las primeras obligadas a responder ante denuncias que impactan directamente en la economía regional.
La mandataria enfatizó que la extorsión se mantiene como uno de los delitos más preocupantes para la población, incluso en un panorama donde otros ilícitos de alto impacto han presentado una disminución. Para el gobierno federal, dijo, atender este delito se ha convertido en uno de los desafíos más complejos, debido a su impacto cotidiano y a la presión que ejerce sobre pequeños y medianos negocios.
Ya había señalamientos contra seguridad local
El caso no es nuevo. En octubre pasado, durante otra conferencia presidencial, se expusieron señalamientos contra el secretario de Seguridad local, José Luis Kuri, por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Oficina”, al sugerirse que podría estar brindando protección.
Aunque no se han confirmado oficialmente esas acusaciones, el señalamiento incrementó la presión pública para que autoridades municipales y estatales aclaren cualquier posible omisión o complicidad institucional.
Sheinbaum reiteró que el combate a la extorsión requiere una estrategia conjunta entre la federación y las entidades federativas, pero dejó claro que, en este caso, el primer paso corresponde a Nuevo León.
En medio del reclamo empresarial y la incertidumbre por liberaciones judiciales, el mensaje presidencial apuntó a la urgencia de que las autoridades locales asuman su papel con acciones visibles, investigaciones firmes y resultados que frenen el avance del cobro de piso en el municipio de San Pedro Garza García.
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