
La crisis de violencia en Sinaloa persiste en este arranque de 2026, con escenarios que reflejan una tensión constante en distintas regiones del estado.
Enfrentamientos armados, desapariciones y ataques directos contra la población han marcado este comienzo, afectando tanto la vida cotidiana como la economía local.
Aunque las autoridades reportan una reducción en homicidios y robo de vehículos, la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa sigue activa y mantiene en vilo a comunidades enteras.
El gobierno del estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, impulsa acciones para recuperar la tranquilidad en la región a través de los trabajos del Grupo Interinstitucional, sin embargo, los testimonios y reportes de medios locales confirman que la violencia y la disputa criminal siguen presentes, y que el regreso a la estabilidad aún no se ha logrado.
La guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” no cede
La disputa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” mantiene altos los niveles de violencia en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, el estado ha experimentado una escalada de violencia atribuida a la lucha interna entre estas dos facciones del Cártel de Sinaloa.
Esta confrontación ha disparado las cifras de homicidios y afectado diversas regiones, donde se han registrado enfrentamientos armados que cobran vidas en el estado y afectan a terceros, debido a la suspensión de actividades escolares, comerciales.
Las autoridades estatales reconocen que, aunque la presencia policiaca ha aumentado, la disputa territorial sigue como el principal factor de inestabilidad.
Respuesta institucional

En declaraciones recientes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha destacado que la coordinación entre los tres niveles de gobierno habría permitido reducir los homicidios dolosos y el robo de vehículos. Según Rocha, estos avances estarían respaldados por cifras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El gobernador ha señalado que la entidad aún no puede considerarse segura y que “no se bajará la guardia” hasta recuperar completamente la paz.
Además, ha resaltado el trabajo del Grupo Interinstitucional, el cual mantiene operativos en zonas de mayor riesgo, mientras persisten los reportes de desapariciones y actos violentos en varias regiones del estado.
Impacto económico y social de la violencia
La ola de violencia ha provocado afectaciones severas en la economía y la vida cotidiana de Sinaloa. A mediados de 2025, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estimaba que las pérdidas económicas relacionadas con la inseguridad ascendían a más de 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos en el sector agrícola, comercio, hotelería y gastronomía.
La vida nocturna en ciudades como Culiacán permanece limitada y la población restringe sus actividades por temor a nuevos brotes de violencia.
El cierre de escuelas y negocios en zonas de riesgo es recurrente, profundizando la percepción de inseguridad. Las autoridades insisten en que la prioridad es garantizar la tranquilidad de los habitantes, pero la persistencia del conflicto criminal genera dudas sobre el alcance real de las acciones implementadas.
La situación de seguridad en Sinaloa permanece marcada por la tensión y la incertidumbre. El trabajo de las autoridades y la continuidad del conflicto criminal configuran un escenario donde los avances conviven con retos aún pendientes.
Cómo buscan pacificar el estado

El gobierno estatal busca recuperar la estabilidad mediante el reforzamiento de la seguridad, bajo la coordinación del Grupo Interinstitucional.
Este grupo está conformado por:
- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
- Secretaría de Marina (Semar)
- Guardia Nacional (GN)
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE)
- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP)
Las acciones conjuntas incluyen operativos en puntos estratégicos y respuesta inmediata ante episodios de violencia, como la liberación de personas privadas de la libertad, el aseguramiento de armas y la detención de presuntos integrantes del crimen organizado. La coordinación de estas instituciones busca contener la disputa entre los grupos criminales y restablecer condiciones de seguridad en las zonas más afectadas del estado.
El panorama en Sinaloa evidencia la complejidad de devolver la tranquilidad a un estado marcado por la disputa criminal.
Pese a los operativos y el trabajo interinstitucional, la violencia y la incertidumbre siguen presentes, y la solución definitiva no se vislumbra en el corto plazo.
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