Autoridades federales buscan que distribuidores de gasolina y gas LP tengan su impacto ambiental vigente

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encabezada por Armando Ocampo, puso en marcha la segunda fase del Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS).

Estas acciones son resultados después de la publicación el pasado 24 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece un programa extraordinario de regularización ambiental, de carácter temporal y voluntario, dirigido a instalaciones del sector hidrocarburos previamente inscritas.

La medida forma parte del Plan Macro de Regularización impulsado por la ASEA y se sustenta en los resultados obtenidos durante la primera etapa del RENAGAS, un ejercicio de diagnóstico nacional que permitió a la autoridad contar con información verificable sobre la localización, operación y estatus de cumplimiento ambiental.

De este registro inicial, se busca que aproximadamente 14 mil estaciones de servicio y 3 mil plantas de gas LP, lo que representa el 92 por ciento de las instalaciones del sector en todo el país.

Instalaciones no tienen impacto ambiental vigente

A partir de este levantamiento, la ASEA identificó que cerca del 60 por ciento de las instalaciones registradas no cuenta con una autorización de impacto ambiental vigente o actualizada.

De acuerdo con la autoridad, esta situación obedece a muchos factores, como procesos administrativos heredados, cambios en los marcos regulatorios y a la evolución de las competencias institucionales a lo largo del tiempo, más que a una omisión deliberada por parte de las personas reguladas.

Frente a este panorama, la segunda fase del RENAGAS ofrece un esquema de regularización gradual que busca ordenar y homologar las autorizaciones ambientales existentes, sin sustituir el régimen ordinario de supervisión y sanción.

Descuentos en multas

Entre los principales incentivos destaca la posibilidad de acceder a una reducción de hasta 70 por ciento en las sanciones económicas, siempre que las instalaciones no representen un riesgo inminente para la población, la seguridad operativa o el medio ambiente.

La ASEA precisó que este mecanismo tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de obligaciones ambientales pendientes, evitar clausuras innecesarias y promover la corrección administrativa de irregularidades históricas, sin comprometer en ningún momento los estándares técnicos ni la vigilancia regulatoria.

El programa no crea nuevas obligaciones, no reemplaza permisos vigentes ni modifica los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

¿Quiénes pueden participar?

El acuerdo delimita claramente el alcance del programa extraordinario: únicamente podrán participar las instalaciones previamente inscritas en el RENAGAS y quedarán excluidas aquellas que hayan proporcionado información falsa, enfrenten procedimientos por delitos ambientales graves o representen riesgos significativos para la población o el entorno natural.

Con ello, la autoridad busca garantizar que el enfoque de regularización no se traduzca en impunidad ni en la relajación de controles ambientales.

La ASEA, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), subrayó que el enfoque del programa es preventivo y orientado a la reducción de riesgos.

Bajo esta lógica, se privilegia la regularización administrativa de operaciones que, en los hechos, resultan indispensables para el suministro continuo de combustibles, tanto gasolinas como gas LP, insumos estratégicos para la vida económica y social del país.

Asimismo, el acuerdo reconoce a las instalaciones que han avanzado de manera voluntaria en esquemas de auditoría y certificación ambiental, como los programas de Industria Limpia o Calidad Ambiental. Este desempeño será considerado como un compromiso verificable de mejora continua, aunque sin sustituir el cumplimiento de las obligaciones legales que marca la legislación ambiental.

Con la puesta en marcha de la segunda fase del RENAGAS, la ASEA consolida una estrategia de ordenamiento del sector hidrocarburos alineada con la política ambiental del Gobierno de México.

El objetivo central es fortalecer la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, al tiempo que se brinda mayor certeza jurídica a las personas reguladas y se evita afectar la continuidad en el suministro de gasolinas y gas licuado de petróleo en todo el territorio nacional.