
El Gobierno de Baja California anunció que en los próximos días se llevará a cabo una revisión a las funerarias que operan en todo el estado, luego de que se detectaran diversas irregularidades y se presentaran quejas recientes, principalmente en la ciudad de Tijuana.
Durante su conferencia matutina del martes 23 de diciembre, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la decisión fue tomada en el marco de la Mesa de Seguridad, tras identificar situaciones que ameritan una inspección integral al sector funerario.
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“Hace algunas semanas se determinó en la Mesa de Seguridad justamente una inspección de las funerarias de todo el estado. No nada más aquí en Tijuana, sino en todo el estado, por algunas circunstancias que se han venido detectando”, declaró la mandataria, aunque evitó proporcionar mayores detalles, señalando que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la instancia que amplíe la información sobre los hallazgos.
Protestas por presunta competencia desleal en Tijuana
El anuncio ocurre después de que, el 16 de diciembre, propietarios de funerarias en Tijuana realizaran una protesta pública para denunciar lo que calificaron como competencia desleal, presuntamente fomentada por la Fiscalía General del Estado.
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De acuerdo con los inconformes, desde septiembre del presente año la FGE habría designado a una sola funeraria, en este caso Funeraria Santana, como el espacio autorizado para el almacenamiento de cuerpos y la tramitación para la liberación de cadáveres, situación que, aseguran, ha reducido de manera significativa su operatividad e ingresos.

Los denunciantes señalaron que, en la práctica, esta designación genera desinformación y limita el acceso de otras funerarias, ya que la liberación de cuerpos se realiza en horarios restringidos, de 9:00 a 15:00 horas, a menos que los servicios sean contratados directamente con dicha funeraria.
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Impacto en familias y en el sector funerario
Según los propietarios inconformes, esta dinámica coloca a las funerarias en una posición vulnerable frente a las familias, quienes, en medio del dolor y el duelo, optan por contratar el servicio completo para evitar trámites adicionales.
“Viene siendo una competencia desleal el que yo tenga que pisar una casa con una familia que ya abordé, con un servicio que prácticamente es de la funeraria, y tener el riesgo de que llegando ahí te lo quiten”, manifestaron durante la protesta.
Los empresarios también denunciaron que las restricciones de horario y espacio afectan la atención digna tanto a las familias como a los finados.
La postura de la Fiscalía General del Estado
En respuesta, la FGE informó que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de funerarias para fortalecer la coordinación en los procedimientos de aviso y liberación de cuerpos, especialmente en casos de muertes violentas.
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Entre los acuerdos alcanzados destacan la notificación clara de horarios de atención, la definición del procedimiento oficial de liberación de cuerpos, así como la identificación obligatoria del personal funerario mediante gafete y uniforme. Además, se estableció que no se permitirá presionar a las familias para la firma de contratos funerarios.
No obstante, de acuerdo con información obtenida, a la reunión realizada el viernes 12 de diciembre solo asistieron 24 de las 29 funerarias que operan en la ciudad, debido a que las cinco restantes no están regularizadas, razón por la cual no fueron convocadas ni pueden almacenar o tramitar la liberación de cuerpos.
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Las inspecciones anunciadas por el gobierno estatal podrían definir el futuro del sector funerario en Baja California y establecer nuevas reglas para garantizar transparencia, competencia leal y respeto a las familias.
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