
El endurecimiento de penas para quienes integran bandas delictivas organizadas en la Ciudad de México busca modificar el panorama de la seguridad pública, tras la aprobación de una reforma en el Congreso capitalino que ajusta y amplía las sanciones contempladas en el Código Penal local.
La modificación, impulsada por iniciativa de la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina, eleva hasta 15 años la pena máxima de prisión para quienes participen en grupos criminales estructurados de manera permanente, también conocido como “asociación delictuosa”.
Durante el análisis parlamentario, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, argumentó que la nueva legislación pretende proteger la integridad y el patrimonio de la ciudadanía ante el impacto negativo de la delincuencia organizada.
Al respecto sostuvo: “La delincuencia es un fenómeno grave y más aún cuando se agrupan tres o más personas en una banda para cometer un ilícito determinado”, precisando que este tipo de conspiración eleva el grado de peligro y genera mayor inseguridad social.
Los legisladores profundizaron en el alcance de la medida, que responde, según explicó Diana Barragán Sánchez del Partido del Trabajo, a la necesidad de sancionar no solo a los ejecutores materiales, sino de ampliar las agravantes para quienes organizan, administran o supervisan estas asociaciones ilícitas.
La diputada manifestó que el objetivo es desarticular las estructuras internas de estos grupos, pues son sus líderes quienes “sostienen su permanencia y expansión”.
Por su parte, Ricardo Rubio Torres del Partido Acción Nacional, planteó que la reforma ofrece una reacción proporcionada y racional frente a una realidad en la que diversas bandas han logrado superar las barreras legales vigentes.
El legislador subrayó: “la justicia no será rehén de la impunidad”, enfatizando que la unión ilícita, la explotación del miedo y la instrumentalización de la violencia como negocio ya no quedarían sin castigo.
La discusión también tocó el efecto cotidiano de estas agrupaciones en la vida barrial. Según Xóchitl Bravo Espinosa de Morena, son frecuentes los pequeños grupos que, aun con dimensión limitada, consiguen causar un daño significativo en el tejido social y la vida familiar de distintas zonas de la ciudad.
Celebró que la reforma incremente las penas para quienes diseñan, sostienen o dirigen este tipo de organizaciones: “Ningún grupo delictivo se va a fortalecer impunemente”, afirmó.
El dictamen revisado y aprobado actualiza los primeros dos párrafos del artículo 253 del Código Penal de la Ciudad de México y añade un tercero. Establece que, para quien forme parte de una banda o asociación de al menos tres personas con fines delictivos, la pena será de entre cinco y diez años de prisión, además de una multa económica de doscientas a dos mil unidades de medida y actualización (UMA).
Para los casos en que la agrupación cometa delitos graves como robos, extorsiones u homicidios, el castigo aumentará: se contemplan entre diez y quince años de cárcel y multas de mil a siete mil UMA, además de las sanciones correspondientes por los delitos adicionales cometidos.
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