
El reciente homenaje a Rubén Figueroa Figueroa el pasado 9 de noviembre en Huitzuco ha reavivado el debate sobre la memoria histórica y la responsabilidad institucional en México. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la presidenta Claudia Sheinbaum han solicitado al Congreso de Guerrero que revise la inclusión de figuras asociadas a la represión y la violencia en el calendario de días cívicos del estado.
La CNDH, a través de un comunicado difundido este 12 de noviembre, expresó su preocupación por la celebración del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, organizada por el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, evento al que asistió como invitado de honor su hijo, Rubén Figueroa Alcocer.
Ambos exgobernadores, según la Comisión, estuvieron implicados en episodios de represión y violaciones a los derechos humanos contra la población guerrerense. La institución recordó que la masacre de Aguas Blancas —uno de los hechos más graves de ese periodo— fue objeto de la Recomendación 104/95 emitida por la propia CNDH.

La CNDH, por su parte, hizo un llamado enérgico al Congreso de Guerrero y a las autoridades locales para que revisen el calendario de conmemoraciones y lo armonicen con un ejercicio serio de memoria histórica. La Comisión enfatizó que tanto Rubén Figueroa Figueroa como su hijo fueron protagonistas de varios episodios represivos en la entidad, y solicitó que se atiendan las recomendaciones emitidas.
De todas la recomendaciones destaca en particular la 98VG/2023, elaborada por la Oficina Especial para Investigar la Represión de Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente de la CNDH. En este texto se documentan ampliamente los actos de violencia política cometidos durante el gobierno de Figueroa Figueroa, y se establece la obligación del Congreso local de cumplir con los puntos recomendatorios.
Entre las acciones exigidas por la CNDH destaca la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, con la participación de funcionarios estatales, policías y autoridades municipales.

La Comisión también solicita que se tomen medidas para que la nomenclatura de calles, monumentos públicos, escuelas y otros espacios que hagan referencia a perpetradores señalados en la recomendación sean identificados públicamente como violadores de derechos humanos. Además, se insta a establecer alternativas de cambio de nombres y desmonte de obras arquitectónicas, en conjunto con las víctimas sobrevivientes y familiares de la violencia política de Estado.
La CNDH subrayó que existe una deuda de memoria histórica no solo con el pueblo de Guerrero, sino con toda la sociedad mexicana, y que parte fundamental de saldarla implica dejar de homenajear a quienes violaron derechos humanos y retirar sus nombres de lugares públicos.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, subrayó la necesidad de que las autoridades estatales reconsideren la presencia de Rubén Figueroa en los días cívicos oficiales. La mandataria afirmó que es esencial que los reconocimientos públicos se otorguen únicamente a quienes encarnan “valores positivos y justos para la sociedad”, dijo la mandataria.
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