
Las labores de saneamiento ambiental en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, se intensificaron tras la confirmación de un derrame de residuos peligrosos en las inmediaciones de un manglar destacado por su importancia ecológica.
El incidente, ocurrido en la ex pista aérea de Puerto San Carlos, fue notificado formalmente por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente local el tres de noviembre y posteriormente atendido por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes constataron la gravedad de la situación al hallar sustancias contaminantes en tres áreas, sumando aproximadamente 1,500 metros cuadrados de suelo natural afectado.
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La sustancia descubierta en el sitio tenía una apariencia oscura, textura densa y desprendía un intenso olor a asfalto, características que permitieron su identificación como una mezcla de aceite usado y combustóleo, ambos clasificados como residuos considerados especialmente nocivos por su capacidad de causar daños tanto a la tierra como a especies animales y vegetales.
Lo preocupante del hallazgo fue la cercanía del derrame, aproximadamente doscientos metros, con una zona de vegetación de manglar, la cual juega un papel central en la conservación de la biodiversidad costera y la protección de las líneas de costa frente a fenómenos meteorológicos extremos.
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Durante la inspección, los funcionarios de Profepa advirtieron que no se habían tomado medidas inmediatas para contener la dispersión de los residuos ni tampoco se informó de manera oportuna a las autoridades federales, lo que implica una violación clara a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Frente a este incumplimiento, la Profepa ordenó la implementación urgente de acciones para controlar y remediar el daño ambiental. Las actividades iniciadas incluyeron el despliegue de maquinaria y brigadas especializadas para retirar, acumular temporalmente y finalmente disponer los materiales dañinos conforme establece la normatividad vigente.
La coordinación directa con la Fiscalía General de la República también fue fundamental para avanzar en el proceso de saneamiento.
La Procuraduría aseguró que se mantiene una supervisión constante de todos los pasos del procedimiento, verificando el cumplimiento de la legislación ambiental desde la recolección hasta la disposición final.
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Por otro lado, la dependencia instó a fortalecer los mecanismos de colaboración entre el gobierno municipal, la protección civil, la Profepa y la propia comunidad, con el objetivo de alentar reportes tempranos de incidentes ambientales y reforzar la vigilancia de espacios vulnerables.
Finalmente, la Profepa confirmó que no retirará la supervisión hasta que se concrete la restauración total de la zona afectada y la gestión correcta de todos los residuos peligrosos extraídos.
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