El debate legislativo sobre la Ley de Extorsión se llevará a cabo hasta la próxima semana en la Cámara de Diputados, con la expectativa de que la iniciativa sea discutida aprobada entre martes y miércoles.
La reforma constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya fue aprobada por el Congreso, y ahora los legisladores cuentan con 180 días para expedir la ley reglamentaria.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, subrayó la urgencia de avanzar en este marco normativo, al considerar que se trata de la ley reglamentaria del artículo 73 constitucional.
Monreal Ávila precisó que la propuesta legislativa tiene su origen en la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y está orientada a frenar y eliminar la extorsión en el país.
El legislador reconoció la complejidad de erradicar este delito, pero enfatizó la importancia de fortalecer las acciones para prevenirlo y combatirlo.
“No va a ser fácil la eliminación, pero sí prevenirla y combatirla”, afirmó Monreal Ávila.
El proyecto de ley contempla dotar a los tres órdenes de gobierno de herramientas jurídicas para investigar la extorsión, atender a las víctimas, proteger a la ciudadanía y prevenir el delito en sus diversas modalidades.
Monreal Ávila destacó que la extorsión genera un impacto emocional, psicológico y económico diferenciado en la sociedad, lo que exige una respuesta integral desde el ámbito legal.
Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa, el diputado resaltó el endurecimiento de las penas, que variarán según la modalidad del delito y considerarán tanto agravantes como atenuantes.
Explicó que “los atenuantes son cuando a una persona, por extrema necesidad y por las circunstancias, se le aplican penas más ligeras y una agravante es cuando siendo una autoridad o personas del Ejército, o de las Fuerzas Armadas se agrava la pena dado que deben tener el conocimiento sobre estos delitos”.
Monreal Ávila puntualizó que la reforma en materia de extorsión no se limita a la expedición de una ley general, sino que también implica modificaciones al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De este modo, se busca adecuar el tipo penal a las condiciones actuales que afectan al país, donde la extorsión se manifiesta en distintas formas y representa un desafío persistente para la seguridad y el bienestar de la población.
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