Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. La propuesta busca otorgar seguridad social a los pescadores e incorporar explícitamente las actividades pesqueras en ambas leyes.
El dictamen surgió de una iniciativa presentada por la diputada Azucena Arreola Trinidad junto con integrantes de la Comisión de Pesca. El documento menciona que el sector pesquero emplea a cerca de 216 mil trabajadores en el país. De estos, 86.2 por ciento labora en condiciones de informalidad y percibe en promedio siete mil pesos mensuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta situación limita su acceso a servicios de salud y prestaciones sociales.
La propuesta señala que los pescadores permanecen desprotegidos por la ley y la autoridad. Asimismo, enfrentan dificultades como informalidad laboral, trámites administrativos complejos, falta de apoyo, criminalización de su trabajo y explotación laboral.
La reforma plantea integrar la palabra “pesqueras” en la enumeración de actividades campesinas en ambas normativas, con el propósito de garantizar el derecho de los pescadores a la seguridad social. La enmienda especifica que la categoría de “buzos pescadores” no se incluirá por separado, al considerar esta tarea como parte del trabajo pesquero.
La iniciativa pasará a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.
Sector pesquero en México
El sector pesquero en México enfrenta diversos desafíos que limitan su desarrollo y sostenibilidad. La pesca ilegal representa uno de los principales problemas, ya que se estima que el 40 por ciento de la captura total en el país proviene de esta actividad.
Asimismo, de acuerdo con la organización Oceana, las acciones gubernamentales solo logran abarcar una mínima parte del fenómeno. Esta situación no solo perjudica a los recursos marinos, sino también a los pescadores que operan dentro de la legalidad.
Respecto al impacto de esta actividad, se estima que el primer semestre de 2025, las autoridades mexicanas decomisaron más de 4 mil 200 toneladas de productos pesqueros obtenidos de manera ilegal en 18 estados. Además, confiscaron artes de pesca no permitidas, embarcaciones y vehículos relacionados con estas actividades, lo que pone en evidencia la magnitud del problema.
La falta de políticas públicas efectivas para frenar la pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos marinos impacta tanto en la biodiversidad como en las comunidades pesqueras, que quedan en desventaja y en una situación de vulnerabilidad económica.
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