El reciente aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma de la Ley de Movilidad de Puebla introduce un nuevo escenario para los automovilistas del estado: la obligatoriedad de contar con un seguro vigente de daños a terceros.
Esta medida, que fue objeto de debate tras la impugnación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ha sido considerada constitucional por el pleno de la Corte, que desestimó los argumentos sobre una supuesta vulneración al derecho al libre tránsito, como se había declarado.
Durante la sesión en la que se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que la exigencia de un seguro de responsabilidad civil no constituye una restricción al desplazamiento de los ciudadanos.
Multas que van de los 2 mil a los 4 mil pesos
El fallo de la SCJN validó el artículo que impone la obligación de contar con este seguro, así como la sanción establecida en el artículo 164 de la ley, que prevé multas de 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para quienes circulen sin la póliza correspondiente. Es decir, van de los 2 mil 262.8 a los 4 mil 525.6 pesos.
“El requerimiento de un seguro de responsabilidad civil no representa una restricción al desplazamiento”, afirmó Batres Guadarrama durante la sesión.
El tribunal también respaldó el artículo 127, que contempla la suspensión de la licencia de conducir por un año en caso de consumo de alcohol.
No obstante, la Corte rechazó la posibilidad de anular la licencia hasta por diez años por la falta de seguro, al considerar que esta sanción sería desproporcionada y poco eficaz en términos de seguridad vial.
En su intervención, Batres Guadarrama aportó datos que ilustran la magnitud del problema en Puebla: en 2024 se registraron 12 mil 920 accidentes viales y 264 víctimas mortales, mientras que solo el 51 porciento del millón 269 mil vehículos en circulación cuenta con un seguro vigente contra daños a terceros, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por su parte, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió sobre la necesidad de que la reforma contemple mecanismos que permitan el acceso de los sectores de bajos ingresos a un seguro vehicular.
“La exigencia afecta a quienes apenas tienen los recursos para adquirir un automóvil”, señaló Aguilar Ortiz, quien subrayó que, si bien la norma es necesaria, debe garantizar tanto la responsabilidad civil como los derechos económicos de la población mediante un acceso universal y equitativo al seguro.
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