El gobierno Tamaulipas anunció que atenderá la recomendación 173VG/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y procederá a la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares por la masacre cometida en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019, atribuida a elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) que operó durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.
Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, informó que la administración de Américo Villarreal Anaya ha comenzado a atender puntualmente las recomendaciones emitidas por la CNDH, entre ellas la provisión de atención médica y psicológica a las personas afectadas y la capacitación en derechos humanos para los policías de la Secretaría de Seguridad Pública; además el Ejecutivo estatal espera el dictamen de la Comisión Estatal de Víctimas para avanzar en la reparación integral conforme a la ley.
El expediente de la CNDH —identificado como Recomendación por Violaciones Graves 173VG/2024— documenta que los hechos constituyeron ejecuciones extrajudiciales y acredita violaciones graves a derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza y la fabricación de pruebas por parte de elementos adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), con el propósito de hacer pasar las ejecuciones por enfrentamientos.
La CNDH detalla pruebas periciales y testimonios que sostienen estas conclusiones.
ONG se mantienen a la expectativa
Organizaciones civiles y familiares de las víctimas han mostrado escepticismo y mantienen demandas de que la reparación sea acompañada por medidas efectivas de justicia: investigación penal, sanción a los responsables y garantías de no repetición.
Este lunes, sobrevivientes y familiares se manifestaron en Nuevo Laredo; además, tres mujeres que denunciaron tortura, iniciaron una huelga de hambre para exigir el cumplimiento pleno de la recomendación y mayor celeridad en las acciones estatales.
Autoridades estatales subrayan que la reparación no sólo implicará indemnizaciones económicas, sino también medidas de rehabilitación, restitución y garantía de no repetición; sin embargo, activistas señalan la necesidad de que la Fiscalía General de Justicia actúe con independencia y que el Estado colabore con instancias federales para agotar la búsqueda de verdad y justicia.
La figura del GOPE y su vínculo con la administración anterior ha sido recordada como parte del entramado institucional que permitió la impunidad en el caso.
Mientras el Estado avanza en la implementación de las recomendaciones, familiares y colectivos de víctimas advierten que vigilarán el proceso y que seguirán exigiendo que las medidas sean integrales, públicas y verificables.
Para las víctimas, la reparación efectiva debe traducirse en justicia penal real, atención integral y la memoria pública de lo ocurrido para que no vuelva a repetirse.
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