
El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se encuentra este viernes en la capital del país para atender diligencias judiciales relacionadas con la incautación de su rancho “El Saucito”. Aunque diversos medios y autoridades locales difundieron que se trataba de un traslado autorizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua en cumplimiento a una orden de la Fiscalía General de la República (FGR), su defensa legal aclaró que el viaje fue una decisión voluntaria y no una comparecencia derivada de una causa penal en curso.
El abogado Juan Carlos Mendoza Luján, integrante del equipo jurídico de Duarte, precisó que su cliente viajó por cuenta propia y acompañado de sus defensores con el objetivo de revisar un expediente que hasta ahora se les había negado:
“No fue trasladado, él se trasladó voluntariamente en compañía de sus abogados”, enfatizó Mendoza, al rechazar que la FGR hubiera solicitado su comparecencia.

La disputa legal por el rancho “El Saucito”
El motivo central del desplazamiento está vinculado con el juicio de amparo 180/2025. A través de él, Duarte busca revertir la incautación de “El Saucito”: un rancho de 4 mil 300 hectáreas ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua. Dicho inmueble fue asegurado dentro del proceso penal que el exgobernador enfrenta desde junio de 2022, aunque hasta la fecha no ha recibido sentencia.
En mayo de este año, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió a Duarte una suspensión definitiva que obliga a la FGR a devolver la propiedad. La resolución fue confirmada en junio por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo que abrió la puerta a que el exmandatario reclame legalmente la restitución del predio.
De acuerdo con su defensa, el viaje a la Ciudad de México tiene como propósito dar seguimiento a este proceso en el que la estrategia principal es demostrar que el aseguramiento del rancho careció de fundamentos sólidos y que su mantenimiento en posesión de la FGR vulnera los derechos patrimoniales de Duarte.

Confusión entre “traslado” y “viaje personal”: esto se sabe
La información oficial generó confusión desde temprana hora. El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua informó mediante un comunicado que había autorizado el traslado de Duarte a la capital para una diligencia ante la FGR, en cumplimiento a un oficio emitido el 19 de septiembre de 2025. Según el documento, se trataba de un acto procesal realizado bajo estricto apego a la legalidad y con la garantía de que el exgobernador regresaría el mismo día a Chihuahua.
Sin embargo, la versión fue matizada casi de inmediato por sus abogados, quienes recalcaron que no existía requerimiento judicial y que Duarte se encuentra en la Ciudad de México exclusivamente para tener acceso a una carpeta de investigación. En palabras de Mendoza Luján: “El motivo del desplazamiento fue acceder a un expediente que un juez de distrito ordenó que se pusiera a disposición de la defensa”.
La diferencia no es menor: mientras el TSJ presentó el hecho como parte del cumplimiento de una obligación procesal, la defensa insiste en que se trata de un ejercicio de derechos legales del imputado y que no hay nueva acción penal en su contra.

Duarte, bajo proceso pero en libertad
César Duarte enfrenta desde hace tres años un proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa relacionados con su gestión como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016. Estuvo dos años en prisión preventiva hasta mayo de 2024 cuando una jueza determinó que había cumplido el plazo máximo de esta medida cautelar.
Desde entonces permanece en libertad, pero bajo estrictas condiciones: portar un brazalete de localización, no abandonar la entidad salvo autorización judicial y presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad.
La defensa ha reiterado que Duarte no tiene intención de sustraerse de la justicia y que, incluso, entregó su pasaporte para reforzar esa garantía. En este sentido, el viaje a la capital no representa, aseguran, un incumplimiento de sus obligaciones procesales.

Antecedentes de las acusaciones
El exgobernador priista fue detenido en 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México en 2022 para enfrentar diversos procesos relacionados con presuntos desvíos millonarios del erario. Aunque varias de las causas en su contra han avanzado lentamente, en junio de 2024, un tribunal de Estados Unidos desestimó una denuncia presentada por su sucesor, Javier Corral, que lo señalaba por la adquisición de propiedades en Texas con recursos públicos.
En el ámbito mexicano, Duarte continúa bajo investigación por múltiples expedientes, entre ellos los relacionados con el manejo de recursos estatales y el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.
Estrategia jurídica y escenario político: lo que viene para el caso Duarte Jáquez
El equipo de abogados encabezado por Juan Carlos Mendoza y Héctor Villasana sostiene que la prioridad es lograr la restitución del rancho “El Saucito” como un paso clave en la defensa patrimonial del exmandatario. Consideran que la suspensión definitiva obtenida este año demuestra que hubo excesos en las medidas adoptadas por la FGR y que el caso ilustra un uso político de los aseguramientos.

Para Duarte, el proceso también se desarrolla en un contexto de alta tensión política en Chihuahua, donde su gestión dejó heridas abiertas y donde su sucesor, Javier Corral, impulsó buena parte de las denuncias en su contra.
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