El cobro de exámenes de admisión en instituciones públicas de educación media superior y superior en México podría quedar exento para estudiantes en situación de vulnerabilidad, si prospera la iniciativa legislativa impulsada por la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La propuesta busca eliminar una de las principales barreras económicas que, según su promotora, perpetúan la desigualdad y limitan el acceso a la educación para miles de jóvenes en el país.
La iniciativa plantea modificar la Ley General de Educación para que las instituciones públicas no cobren fichas, cuotas ni derechos de examen de admisión a aspirantes que provengan de hogares en situación de pobreza, pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, o sean víctimas de violencia o desplazamiento forzado.
De acuerdo con Licerio Valdés, el cobro de estos conceptos contradice el principio de gratuidad educativa y contribuye a la reproducción de desigualdades estructurales, afectando especialmente a quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión.
La diputada sostiene que la reforma permitiría reducir las desigualdades de origen y eliminar obstáculos económicos injustos, garantizando que todas las personas, independientemente de su contexto socioeconómico, puedan continuar su trayectoria educativa. En su exposición, subraya que cumplir con los mandatos constitucionales de gratuidad y accesibilidad requiere eliminar las barreras que impiden a los sectores más vulnerables ejercer plenamente su derecho a la educación.
Entre los grupos que se beneficiarían directamente de la medida se encuentran jóvenes de hogares en situación de pobreza, integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas —quienes han sido históricamente privados de su derecho a la educación—, así como personas que han sufrido violencia o desplazamiento forzado. Para estos sectores, el pago de fichas o derechos de examen representa un obstáculo significativo que puede condicionar su acceso a niveles educativos superiores.
El contexto nacional revela la persistencia de barreras económicas estructurales que dificultan el acceso a la educación media superior y superior en México. El cobro de exámenes de admisión figura entre los principales impedimentos para que jóvenes de sectores marginados puedan aspirar a una formación académica que les permita mejorar sus condiciones de vida y romper ciclos de exclusión.
La propuesta legislativa busca avanzar hacia una mayor equidad y movilidad social, al considerar que la eliminación de estos cobros es un paso necesario para garantizar que el acceso a la educación no dependa de la situación económica o social de los aspirantes. Así, la reforma pretende sentar las bases para una sociedad más justa, donde la educación sea un derecho efectivo y no un privilegio condicionado por la capacidad de pago.
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