Efraín Zúñiga García, ciudadano mexicano de 37 años de edad, fue extraditado a Texas, Estados Unidos, para enfrentar cargos relacionados con su involucramiento dentro de una red de tráfico de personas que habría introducido de manera ilegal alrededor de 2 mil 500 y 3 mil extranjeros a ese país en dos años.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, el mexicano fue acusado en septiembre de 2023 por un jurado federal del Distrito Oeste de Texas por conspirar para contrabandear extranjeros en varios países de los Estados Unidos y obtener ganancias económicas.
Zúñiga García compareció este viernes por primera vez ante un tribunal en Del Río, Texas, tras ser detenido en octubre de 2024 en México a petición del gobierno estadounidense. De acuerdo con EEUU, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia coordinó con las autoridades mexicanas para asegurar tanto el arresto como la extradición.
Así operaba la red de tráfico de migrantes
El Departamento de Justicia de EEUU informó que esta organización operaba escondites en Monterrey, Nuevo León, y Piedras Negras, Coahuila, la cual mantenía una estructura transnacional que abarcaba desde Sudamérica hasta la frontera estadounidense.
El esquema criminal comenzaba con la captación de extranjeros de diversas nacionalidades —incluyendo Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador— por parte de un contrabandista pakistaní radicado en Brasil, quien los incorporaba a la operación.
Este intermediario colaboraba con Enil Edil Mejía Zúñiga, un hondureño con base en San Antonio, Texas, encargado de coordinar el traslado de los migrantes desde Sudamérica hasta Estados Unidos.
Según los documentos judiciales, Mejía Zúñiga admitió que la organización logró introducir ilegalmente a miles de personas en el país norteamericano, cobrando entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada extranjero, lo que generó ganancias totales estimadas entre 16 millones y 30 millones de dólares.
Dentro de esta estructura, el mexicano Efraín Zúñiga García gestionaba una casa de seguridad en Monterrey, donde coordinaba el alojamiento temporal de los migrantes antes de su traslado a Estados Unidos.
Posteriormente, los extranjeros eran guiados por “coyotes” armados a través del Río Grande, cruzando la frontera de manera clandestina. El acusado colaboraba con otros miembros de la organización para asegurar el transporte y la logística de estos movimientos.
La imputación contra Zúñiga García incluye un cargo de conspiración para llevar inmigrantes indocumentados a Estados Unidos y tres cargos adicionales por hacerlo con fines de lucro. De ser hallado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión.
Este caso también involucra a otros miembros de la red. Mónica Hernández Palma, coacusada de Zúñiga García, quien fue extraditada desde México en enero de 2025 y se declaró culpable de delitos de contrabando en abril de ese año. Su sentencia está prevista para noviembre de 2025. Por su parte, Mejía Zúñiga recibió en julio de 2025 la pena máxima legal de 120 meses de prisión.
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