La reciente aprobación de la minuta para reformar la Constitución en materia de extorsión por parte del Congreso de Sinaloa representa un paso relevante en la lucha contra este delito en México.
Con esta decisión, adoptada el 25 de septiembre de 2025 en Culiacán, la legislatura estatal se suma al esfuerzo nacional para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de legislar de manera uniforme sobre extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Durante la sesión extraordinaria que clausuró el Segundo Período Extraordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura, las diputadas y diputados sinaloenses votaron a favor de la minuta enviada por el Congreso de la Unión.
Este documento, previamente avalado por la Cámara de Senadores el 24 de septiembre y remitido a los congresos estatales y de la Ciudad de México, propone la reforma del artículo 73 de la Constitución.
El objetivo central es facultar al Congreso federal para expedir una ley general que defina los tipos penales y las sanciones aplicables a la extorsión, con el fin de establecer criterios homogéneos en todo el país.
La reforma constitucional aprobada en Sinaloa responde a la necesidad de consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan estructurado en cinco ejes principales.
Ejes que contemplan la medida antiextorsión
El primero contempla la realización de detenciones mediante labores de investigación e inteligencia. El segundo impulsa la creación de Unidades Antiextorsión en los estados, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta local.
El tercer eje se enfoca en la aplicación de un protocolo específico para la atención de víctimas, mientras que el cuarto prioriza la capacitación de los operadores encargados del manejo de crisis y la negociación en situaciones de extorsión. Finalmente, el quinto eje prevé la implementación de una campaña nacional de prevención, orientada a sensibilizar y proteger a la ciudadanía.
La modificación al artículo 73 de la Carta Magna no solo otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre extorsión, sino que también amplía su competencia para expedir leyes generales en otros delitos graves.
Entre estos se incluyen el secuestro, la desaparición forzada de personas, otras formas de privación ilegal de la libertad, la trata de personas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como delitos electorales.
Esta ampliación busca uniformar los criterios legales y las sanciones en todo el territorio nacional, con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar una mayor protección a las víctimas.
La reforma permitirá establecer un marco legal común que facilite la investigación, persecución y sanción de la extorsión y otros delitos graves, contribuyendo a reducir los espacios de impunidad y a fortalecer la legitimidad del sistema de justicia penal en México.
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