¿Despido injustificado? Patrones deberán notificar por escrito, omitirlo se presume injustificado

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece obligaciones claras para los empleadores al momento de despedir a un trabajador.

De acuerdo con lo previsto, el patrón que decida rescindir la relación laboral deberá entregar un aviso escrito en el que señale de manera precisa la conducta o conductas que motivan la separación, así como las fechas en que se cometieron.

En caso de que el patrón omita este requisito y no entregue el aviso personalmente al trabajador o por conducto del Tribunal, la ley presume que el despido no fue justificado. Solo una prueba contundente podría acreditar que la rescisión tuvo fundamentos legales, destaca la LFT.

Patrón debe comprobar la causa del despido

El Artículo 48 de la LFT señala que, en estas situaciones, el trabajador puede acudir ante la Autoridad Conciliadora y, de no lograrse un acuerdo, presentar la demanda ante el Tribunal Laboral.

El afectado tendrá derecho a elegir entre dos alternativas: solicitar su reinstalación en el puesto que desempeñaba o recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario, calculados con base en el sueldo vigente al momento del pago.

Además, la norma precisa que, si el patrón no logra demostrar durante el juicio la causa del despido, el trabajador recibirá también el pago de salarios caídos, los cuales se contabilizan desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses.

Si al término de ese lapso de un año el procedimiento legal no ha concluido o no se ha cumplido con la sentencia, la LFT contempla un esquema adicional de protección: el patrón deberá pagar al trabajador intereses equivalentes al dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago, sobre el importe de quince meses de salario.

Especialistas en derecho laboral advierten que estas disposiciones buscan equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, al tiempo que refuerzan los mecanismos de justicia laboral previstos en la reforma de 2019.

Con ello, se pretende que los despidos se apeguen a un marco legal y se respeten los derechos fundamentales de las y los empleados.

En la práctica, recomiendan a las empresas documentar correctamente los procesos de rescisión y cumplir con la entrega del aviso escrito, a fin de evitar sanciones y litigios prolongados.

Al mismo tiempo, sugieren a los trabajadores conocer sus derechos y, en caso de un despido irregular, acercarse a las instancias correspondientes para exigir la reparación de los daños.