Clara Brugada impulsa protocolo para desalojos en CDMX luego de denuncias de violencia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que su administración trabaja en la elaboración de un protocolo integral para regular los desalojos en la capital.

Según lo mencionado por Molina en una conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la acción priorizará el respeto a los derechos humanos y evitará que las familias, especialmente las de escasos recursos, queden sin techo.

Esto se originó luego de que Proceso revelara denuncias de desalojo forzoso y violento de 22 familias en la calle Tonalá, colonia Roma, el cual fue ejecutado el martes 26 de agosto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Contexto de los hechos

Las personas desalojadas acusaron a la FGJCDMX de recurrir a la violencia y formular acusaciones falsas para tomar control de los inmuebles, además de señalar que no recibieron notificación formal ni oportunidad de diálogo previo antes del operativo.

Clara Brugada sostuvo que, según su gobierno, no debería haber ninguna familia sin techo a causa de un desalojo y que la propuesta de protocolo contempla reformar la ley para regular estos procesos como último recurso.

El mecanismo incluirá “mesas conciliatorias, búsqueda de diálogo y notificación formal a los residentes”, insistió la jefa de Gobierno. Adicionalmente, el documento establece que el Poder Judicial deberá informar de manera anticipada a la Secretaría de Gobierno sobre cualquier ejecución de desalojo, con el fin de que la administración pueda intervenir preventivamente y acompañar a las personas afectadas.

La mandataria aseguró que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) será invitada a participar en cada operativo, junto con representantes del gobierno capitalino, para garantizar la legalidad y el respeto a los derechos individuales.

Reveló que se presentarán reformas para vigilar la actuación de los auxiliares en desalojos y prevenir cualquier agresión hacia los vecinos. “Mientras tanto, la Secretaría de Gobierno revisará de inmediato cada caso y estará presente junto a las familias, porque no vamos a dejar a nadie solo ante estas situaciones”, recalcó Brugada, citada por Proceso.

En el mismo acto, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, se refirió al caso de la calle Tonalá y anunció la entrega de “26 apoyos de renta” para los desalojados.

También abordó el desalojo en República de Cuba, en el Centro Histórico, donde indicó que las 16 familias afectadas fueron hospedadas temporalmente en hoteles, y recibirán una ayuda de 4 mil pesos mensuales durante seis meses, o el tiempo que se requiera, mientras se encuentran soluciones definitivas.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó que los desalojos no los ejecuta la administración local, sino “actuarios designados por los juzgados”, y que la intervención del gobierno sólo ocurre para respaldar a los residentes una vez notificada la resolución judicial y solicitada la presencia de la fuerza pública.

Cravioto explicó que se busca cambiar la ley para establecer nuevas reglas que den prioridad al respeto a los derechos humanos en cualquier procedimiento de desalojo.

El anuncio ocurre en un contexto donde organizaciones y habitantes han reportado implementación de desalojos con violencia y sin garantías legales en distintas zonas de la ciudad, de acuerdo con lo documentado por Proceso.