El gobierno de Guerrero negó la existencia de un estado de sitio en Ayutla de los Libres tras el asesinato de 13 policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Esto al anunciar el reforzamiento de la seguridad en la zona mediante un acuerdo alcanzado con representantes comunitarios.
Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la gobierno estatal, informó que tras reunirse con la coordinadora del Concejo de los Pueblos, Elizabeth Calixto Leyva, y voceros de la UPOEG, se pactó la presencia permanente de cuerpos policiacos estatales y federales para garantizar el orden.
La medida respondió a la demanda de justicia y protección lanzada por más de 85 comunidades de la Costa Chica. Todas ellas resultaron afectadas por la emboscada perpetrada el 17 de agosto en las inmediaciones de Apantla, y que dejó además varios heridos, según información oficial..
Rodríguez Cisneros señaló que todos los acuerdos se construyeron partiendo del respeto a los usos y costumbres de las comunidades, pero subrayó que la gobernabilidad recae en la aplicación de la ley y de los protocolos institucionales:
“El gobierno respeta la organización autónoma de las comunidades, aunque las acciones deben realizarse conforme al marco legal”, puntualizó tras el encuentro.
El subsecretario descartó que exista alguna otra irrupción armada de la UPOEG y aseguró que las actividades económicas y cotidianas transcurren con normalidad. Además, llamó a los medios a manejar la información con responsabilidad, a fin de evitar rumores que puedan generar incertidumbre.
Ataque a policías de la UPOEG moviliza a comunidades de Ayutla
El asesinato de los 13 policías comunitarios provocó una movilización inmediata de cerca de 400 integrantes de la UPOEG, quienes organizaron retenes y operativos en comunidades colindantes. Durante estas acciones, detuvieron a dos hombres y una mujer, señalados como presuntos responsables del ataque, y los entregaron al Ministerio Público de Ayutla, según informaron portavoces de la organización.
En paralelo, otras localidades como El Refugio y Colotepec renovaron sus corporaciones de policía comunitaria para sumarse a las estrategias de autodefensa. La UPOEG advirtió que sus protestas podrían extenderse hasta Chilpancingo si consideran insuficiente la respuesta institucional.
La emboscada, perpetrada la noche del 17 de agosto, ocurrió mientras los policías comunitarios de la UPOEG recorrían cuatro camionetas armados solo con escopetas y rifles calibre .22. De acuerdo con testimonios recabados por El Sur de Acapulco, los agresores portaban fusiles de asalto AR-15 y AK-47, lo que dejó en desventaja a los comunitarios.
El ataque produjo una camioneta abandonada con impactos de bala, y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, al momento no se han reportado detenciones directas vinculadas al hecho. El Hospital IMSS-Bienestar de Ayutla atendió a los heridos, mientras el ambiente en comunidades como El Cortijo permanece marcado por la exigencia de justicia.
Violencia, crimen organizado y desunión comunitaria en Guerrero
La violencia en Ayutla de los Libres se vincula a la disputa territorial por el control del trasiego de drogas entre organizaciones criminales identificadas como Los Ardillos y Los Rusos. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) explicó que la desunión y la infiltración del crimen organizado han debilitado a las estructuras comunitarias; sobre todo tras el asesinato de Bruno Plácido Valerio, fundador de la UPOEG en 2013.
El homicidio de Plácido Valerio en octubre de 2023 condujo a nuevas fracturas y dificultad en la coordinación entre agrupaciones comunitarias y de autodefensa.
Respuesta institucional y exigencia de justicia
El gobierno estatal reiteró el acuerdo de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) que acompañan los operativos de vigilancia. El compromiso es mantener abierto el diálogo y fortalecer el sistema de alerta temprana para evitar la repetición de hechos violentos.
Habitantes y familiares de las víctimas destacan que la desigualdad en el armamento y la insuficiencia de protección institucional los deja en situación vulnerable.
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